La escuela pública y la concertada critican «la falta de consenso» de la 'ley Celaá'

«Ver tal división en el Congreso, tanta bronca, fue hiriente». Las palabras son de Gumersindo Rodríguez, presidente del sindicato educativo ANPE en Asturias, pero su opinión es compartida por muchos docentes de la escuela pública y concertada, lejos de la «confrontación» entre ambas que, insisten, es «ficticia». Coinciden en que «la LOMLOE nace con ausencia de diálogo y falta de negociación, sin contar con la comunidad educativa» a diferencia de países como Finlandia, elaborada por expertos y en vigor desde hace más de dos décadas.

«Ya está bien de leyes de partido. Es una locura que cada dos por tres, con cada nuevo Gobierno, cambie la normativa», lamenta Yolanda Fueyo, directora del colegio Jovellanos de Gijón, el de mayor número de alumnos de la pública en la ciudad. Han visto cómo, de nuevo, se ha perdido la oportunidad de llegar al tan demandado pacto educativo. «Necesitamos una ley de consenso, de la derecha y de la izquierda». Y lo sostiene también Ana Aguirregoitia, secretaria de la Asociación de Directivos de Secundaria de Asturias y responsable a su vez del IES El Piles. «En 32 años de profesorado no he visto una ley educativa estable».

La LOMLOE se convierte en la octava desde la democracia y llega, si se cumplen los plazos, para echar a andar en septiembre de 2021 en un «momento muy complicado», aún con la incertidumbre de la pandemia, y con «cambios de currículos y libros de texto. Otra vez». «Está claro que los tiempos de los políticos no son los de la vida real».

Aun viéndole algunos aspectos positivos, «como evitar la repetición del alumno, que nunca es buena, o la recuperación de los programas de diversificación curricular para los alumnos con dificultades de aprendizaje», como indica José Ignacio Nieto, del IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca, creen que «la retirada del castellano como lengua vehicular y las limitaciones en la libre elección de centro» que han soliviantado a la concertada, acabarán en los juzgados. «Esta ley responde a una moneda de cambio para otros asuntos de gobernabilidad. Nos aleja de la verdadera prioridad: la educación», insiste ANPE.

El sindicato CSIF también se manifiesta en contra. «No solo arranca sin consenso, sino también sin recursos, con un déficit de 26.000 docentes en todo el país y de 7.000 millones de inversión educativa. Además, recrudece polémicas como las de las lenguas oficiales y rebajará el nivel de exigencia para aprobar en vez de apostar por planes de refuerzo educativo, incrementar las plantillas o reducir ratios». A ello se une, dice, una medida, «incluida a espaldas de los sindicatos, de apartar a los docentes de sus funciones por supuesta falta de rendimiento».

La concertada, que se manifestará mañana por las calles de Oviedo y Gijón, remarcó que «lo visto y escuchado en el Congreso pone de manifiesto la necesidad de dejar la educación al margen del partidismo político. En cualquier democracia avanzada de Europa entienden que una materia tan importante como ésta tiene que ser abordada con voluntad de cuerdo y consenso».

En su «defensa de la libertad de enseñanza» no estará sola. El PP inició ayer una campaña de recogida de firmas, que ya se está llevando a cabo en todo el país a través de la plataforma Más plurales. Se trata -dijo su presidenta, Teresa Mallada- de «frenar una ley radical que cede al chantaje de nacionalistas e independentistas a cambio de vulnerar libertades y derechos para adoctrinar». Presentará iniciativas en la Junta y en los ayuntamientos.

Ciudadanos -que a escala nacional presentará en el Senado una enmienda «con el fin de agotar todas las posibilidades para que el Gobierno rectifique»- ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento asturiano para defender el castellano en la educación, como adelantó su coordinador autonómico, Nacho Cuesta. Adrián Pumares secretario general y portavoz parlamentario de Foro en la Junta, puso el acento en la preocupación por el cierre de las escuelas de Educación Especial, «lo que supone un disparate y un auténtico desconocimiento de las necesidades de este alumnado», e Ignacio Blanco, portavoz de Vox (formación que recurrirá al Constitucional ), ha remitido un mail a todos sus afiliados para que se sumen a las movilizaciones. «Es la ley que le faltaba a los socialistas para tenernos sometidos a todos».

Difieren la diputada de Podemos Nuria Rodríguez -«Por fin podemos decir adiós a una ley restrictiva, anclada en postulados arcaicos, y dar la bienvenida a otra que será un apoyo imprescindible en la recuperación del prestigio de la educación pública- y la portavoz de IU en la Junta, Ángela Vallina -«Quien quiera mandar a sus hijos a la privada podrá hacerlo. Nadie se lo impide; lo que se regula da un mayor refuerzo a lo público, donde tenemos que garantizar la educación»-.

UGT considera que «es un primer paso en la dirección correcta, con la eliminación de los aspectos más lesivos de la LOMCE, pero se queda corta en una reforma profunda del sistema educativo».

CC OO cree que «corrige los desequilibrios de la 'ley Wert' entre la pública y la concertada», aunque «se sigue apoyando en esta en lugar de promover suficientes plazas en centros públicos». Suatea celebra «las medidas de admisión para una distribución más equilibrada del alumnado» y la presidenta de la federación de padres Miguel Virgós, Clara Díaz, expresó su satisfacción por «liberarnos de la garrafal LOMCE» y señaló que la LOMLOE «sí ha sido muy consensuada».