Defensa de la red pública, educación especial en centros ordinarios y más plazas de 0 a 3

La defensa de la educación pública es uno de los principales puntos sobre los que se asienta la nueva reforma educativa. Para el Gobierno, «constituye el eje vertebrador del sistema educativo». Otro de sus aspectos más polémicos es que el castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente, dice.

En cuanto al currículo, los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60% para el resto. Religión se ofertará de manera obligatoria, pero se elimina la obligación de cursar una materia alternativa. Religión no contará para procesos de acceso universitario o a becas. Uno de los aspectos muy polémicos es el relativo a la Educación Especial. En diez años, los centros ordinarios deberán tener recursos para atender al alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.

En cuanto a la concertada, se elimina la demanda social para abrir centros o aumentar plazas; no se podrán percibir cuotas de las familias por las enseñanzas de carácter gratuito y no se podrá separar al alumnado por su género. Está previsto aumentar de las plazas públicas de 0 a 3 años y los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con uno o dos suspensos. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.