Gijón
Miércoles, 8 de noviembre 2023, 19:18
Dos semanas y dos días después, el comité de empresa de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) ha puesto fin a su encierro. Sucedió esta noche, en lo que fue un convulso día que inició con una oferta por escrito de la Consejería de Derechos Sociales ... y Bienestar que no convenció a los siete sindicatos que conforman el comité, por lo que lanzaron un vídeo en el que anunciaban que continuaba el encierro.
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Horas después llegó un nuevo texto. En esta ocasión, tal y como se había acordado verbalmente en la reunión que el comité mantuvo el pasado martes con la consejera, Melania Álvarez, figuraba por escrito el compromiso a incrementar la plantilla para reforzar los servicios mínimos, al margen del personal necesario para cubrir bajas y descansos.
«Al final conseguimos la subida de mínimos, así como la contratación para cubrir las bajas», explicó la presidenta del comité, Beatriz Fernández. Lo hizo en un vídeo rodeada por casi el completo del comité, formado por 25 representantes distribuidos entre CSI (que tiene 5 y obstenta la presidencia), CC OO (5), CSIF (5), UGT (4), USAE (4), SAIF (1) y Cemsatse (1), aún en la sede de la gerencia del ERA, el organismo que gestiona la red geriátrica pública y concertada de la región.
Pese a abandonar el encierro, el comité, de forma unánime, aseguró que «vamos a seguir», en referencia a la otra pata que falta en el acuerdo: el pago del plus de peligrosidad.
«Este comité siempre ha estado dispuesto a negociar», afirmó Geni Tamargo, portavoz de CC OO. Fue ella muy crítica con el Principado, ya que dejó claro que «en los presupuestos regionales para el año próximo no hay ningún aumento para el ERA. Seguimos siendo el patito feo de la Administración del Principado».
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Según sus palabras, «el hecho de abandonar el encierro no significa que no vayamos a seguir con las concentraciones de cada día a las 11», las que desde el pasado 23 de octubre lleva a cabo la plantilla ante cada residencia pública. Lo harán porque siguen defendiendo que «queremos que nos paguen el plus de peligrosidad, es un derecho que tenemos porque sufrimos unos riesgos que tienen que compensar»..
«Vemos que no aparece en los presupuestos para el ERA del año que viene los 2,2 millones para el plus de peligrosidad. Nosotros no compramos el argumento de que suponga una estigmatización para los usuarios», afirma la portavoz del CSFI, Belén Ordiz,
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