Del Arco compromete más recursos y personal tras el caso de explotación sexual a menores tuteladas en Asturias

La primera, recogiendo el guante lanzado por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, y tal y como había avanzado en sesión plenaria el propio presidente del Principado, incrementando los recursos económicos y el personal. La consejera negó que esté previsto una reducción del número de educadores, como denunció en su momento el comité de empresa, y prometió la incorporación de «nuevos perfiles profesionales que se ajusten a las nuevas necesidades detectadas», dando continuidad así al «esfuerzo ya realizado» durante los últimos años. De este modo, recordó que en 2023 se incorporaron al programa de protección de menores 99 personas, de forma que la plantilla pasó de 444 a 543 trabajadores para 160 plazas, que ahora se han visto reducidas con la reciente revisión de los ratios. Ninguno de los centros, con la excepción de las dos unidades de acogida inmediata, que tienen 32 plazas cada uno, supera actualmente las 30 plazas.

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Otra de las líneas en las que va a trabajar el Gobierno regional a raíz de lo ocurrido es en la puesta en marcha de un programa piloto de apoyo psicológico, mientras que una tercera línea de trabajo estará dirigida a reforzar la formación en redes sociales, «las ventanas de comunicación de los jóvenes con el mundo». La cuarta pata sobre la que se actuará, detalló la consejera, será el desarrollo de nuevo modelo de acogimiento residencial «basado en el derecho y en la reparación del daño», que ya se puso en marcha a inicios de 2022.

La consejera comenzó su comparecencia insistiendo en varias «premisas» en las que el Gobierno regional viene incidiendo desde que saltaran a la opinión pública estos hechos. Del Arco recordó que los centros de menores «no son cárceles, ni pueden serlo» y que la «violencia sexual sobre los menores existe por desgracia en todos los ámbitos, principalmente en el familiar y en el escolar». A partir de ahí, y ante las duras críticas de la oposición, que insiste en pedir responsabilidades políticas por lo ocurrido, Del Arco defendió el buen funcionamiento del sistema de protección de menores de Asturias e insistió en que la responsabilidad del Gobirerno del Principado era denunciar los hechos. «La responsabilidad del sistema de protección, como ha sido siempre, es denunciar, visibilizar, investigar y valorar las situaciones», respondió.

Tras su comparecencia y el turno de preguntas, PP y Vox recriminaron a la consejera que nadie haya asumido responsabilidades políticas. «Ceses o dimisiones en un caso tan grave como este se tienen que producir, sí o sí», reclamó la diputada popular Pilar Fernández Pardo, quien pidió también más medios, más profesionales y más coordinación. «La mancha de su historial tiene difícil reparación», advirtió Sara Álvarez Rouco, de Vox, que instó a la consejera a «reconsiderar su habilitación para seguir al frente de sus responsabilidades». Aunque no forma parte de la comisión de Derechos Sociales, el diputado de Foro, Adrián Pumares, también criticó la falta de autocrítica de la consejera, cuestionó su permanencia en el cargo y anunció nuevas iniciativas parlamentarias para aclarar las carencias del sistema de tutela a menores.

Mientras las formaciones de la derecha mostraron su «decepción» por la comparecencia de Marta del Arco, los partidos que sostienen el Gobierno (PSOE y especialmente Convocatoria por Asturias), así como la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, renunciaron a realizar preguntas y utilizaron el turno de fijación de posiciones para dirigir sus dardos hacía los grupos de la derecha y condenar el «uso político» de estos hechos.

La diputada socialista Ana Isabel González hizo suyos los argumentos de la consejera, defendiendo la labor de los profesionales y del propio Gobierno regional, y situó el foco en «los puteros y proxenetas». El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, reconoció que existe «un amplio margen de mejora en la asignación de recursos y en protocolos», pero fue especialmente crítico con PP y Vox. «La extrema derecha ha mostrado su rostro más miserable», recriminó, al tiempo que acusó a sus diputados de «utilizar a cinco menores como ariete para desgastar a la consejera» y a la bancada popular de «seguir el rumbo marcado por la extrema derecha». «El Gobierno no se desgasta por nuestras preguntas, sino por no ejercer sus funciones», respondió Sara Álvarez Rouco. Tomé, muy crítica también con el uso «político» por parte de la derecha, reclamó más «recursos, más personal y más atención psicológica y educación psicoafectiva». La comisión parlamentaria la siguió en directo desde la propia Junta General la madre de una menor tutelada que quiso tomar la palabra en varias ocasiones, pero no se le permitió porque no lo contempla el reglamento de la Junta. Quiso, en todo caso, dirigirse a la consejera al término de la sesión para reprocharle que no asumiera responsabilidades por todo lo ocurrido.