La consejera de Derechos Sociales descarta dimitir: «No se entendió cuando dije que es la vida»

La consejera de Derechos Sociales ha indicado que su departamento se compromete a mejorar los protocolos de coordinación con la Policía para «llegar a afinar más entre ambos» ante denuncias por fugas de menores tutelados de los centros de acogimiento residencial. Ha señalado que ha sido una reunión «muy positiva» en la que han estado revisando protocolos de coordinación con la Policía ante fugas, con Salud ante notificaciones de problemas y con el contexto escolar.

«Tenemos propuestas que haremos en su momento», ha dicho respecto a la mejora de la coordinación, a la vez que ha señalado la necesidad de reforzar la formación continua del personal de la administración, con especial referencia a conocer y prevenir los riesgo de la navegación por Internet desde el compromiso no solo con los niños y niñas que están en acogimiento residencial, si no «en general» con la infancia y la adolescencia.

Sobre la posibilidad de restringir el uso de móviles en los centros, la consejera cree que sería como «poner puertas al mar», al considerar que el tema tiene «muchísima más dimensión que poder prohibir». «El tema tiene una dimensión enorme, al punto que la Agencia Estatal de Protección de Datos y el Gobierno de España han formado un grupo de expertos para ver de qué manera se pueden regular los peligros de la red. Entonces yo creo que el tema va más allá de las prohibiciones, que en el caso concreto de los niños de los centros está bastante limitado su uso», ha dicho.

Asimismo, ha destacado el acuerdo por unanimidad alcanzado en la reunión para hacer una intervención que permita «reforzar la confianza» de los niños para denunciar. «Este tipo de situaciones hay que denunciarlas siempre», ha señalado, apuntando que también se ha abordado cómo están el resto de menores que viven en los centros de acogimiento al conocer el caso de cinco adolescentes que han sido víctimas de agresión sexual fuera de sus centros.

Además, ha alertado del riesgo de «revictimizar» a menores y ha rehusado comentar «la utilización que la extrema derecha está haciendo de este caso». «Este es un caso concreto de mujer adolescente y víctima de violencia», ha dicho, señalando que «hay una cuestión de género claramente» a la que se suma «la vulnerabilidad por las historias previas».

Sobre el papel de las familias de menores tutelados, la consejera ha apuntado que el objetivo de la administración es cubrir las necesidades de los niños y las niñas e intentar que vuelvan a su medio familiar de origen en la medida de lo posible. «Nosotros tutelamos cuando las necesidades de los niños y de las niñas no son debidamente cubiertas, y nuestro primer objetivo, cuando asumimos una medida de protección, porque además lo dice la ley, es intentar que el niño vuelva a su medio familiar de origen. Entonces, cuando hay reconocimiento de problema y motivación para el cambio, se pone en la disposición de las familias, en todos los casos, equipos especializados que pueden trabajar la reincorporación familiar de sus hijos y de sus hijas», ha indicado, añadiendo que «hay maltratos en los que no se puede pensar en este tipo de cosas que son el maltrato físico, el maltrato emocional severo y el abuso sexual, en el que plantear así genéricamente un objetivo de reincorporación no parece aconsejable».

Con todo, la consejera ha destacado también los esfuerzos para potenciar los programas de prevención y preservación familiar para dar competencias parentales y que los niños y niñas puedan mantenerse en sus entornos sociofamiliares con las mayores garantías.