El Principado crea una 'ventanilla única' para la dependencia

Se llama 'Decreto 4/2023, de 27 de enero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia', pero, en realidad, es la 'ventanilla única' que el Principado pondrá en marcha dentro de veinte días a contar desde hoy. Porque es hoy cuando ha salido publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), el decreto que regula, de nuevo, todos los trámites relativos a la Ley de la Dependencia. Sus principales novedades son que las peticiones se harán a través del Registro del Principado, de forma telemática, y que un mismo profesional será el encargado de evaluar la situación de dependencia, catalogar el grado de la misma (grande, severa o leve) y acordar con el beneficiario la prestación o servicio a la que tiene derecho. Un profesional que, a diferencia del modelo actual, ya no será, exclusivamente, titulado en Trabajo Social.

Mantiene, eso sí, el catálogo de servicios y prestaciones. Las personas con derecho a beneficiarse de la Ley de la Dependencia pueden optar a servicios que fomentan que siga viviendo en su domicilio (teleasistencia, ayuda a domicilio, paga para un cuidador profesional, para para un cuidador familiar y centro de día), así como disponer de plaza en residencia, tanto geriátrica como de discapacidad. Y, también, como ya aparece en la ley, se fija un plazo de seis meses para llevar a cabo todo el proceso.

La fórmula ideada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar suprime, de hecho, el paso previo actual por los servicios sociales municipales. Los aspirantes a beneficiarse de la Ley de la Dependencia por falta de autonomía personal (por tener dependencia de grado III, II o I, según sea grande, severa o leve) debían acudir al centro de servicios sociales más cercano a su domicilio y solicitar que se valorase su situación. A partir de ahí comenzaba un periplo con varias estaciones: recibir respuesta a la solicitud, acordar una cita con el profesional de valoración, esperar al resultado de esa valoración y, finalmente, cerrar una cita para firmar el Plan Individual de Atención (PIA). El documento por el que el Gobierno regional se compromete a dar al solicitante el servicio o la prestación que necesite. La ley decía que debía realizarse todo en seis meses, pero la realidad multiplicó la espera hasta superar los dos años.

Ese colapso que dejó, al final de la pasada legislatura, a más de 3.000 asturianos en lista de espera para recibir una ayuda a la que ya sabían que tenían derecho, llevó a la nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, a anunciar un plan de choque. Además de inyectar dinero se contrató personal y se reorganizaron los equipos de forma que, aunque aún sigue habiendo personas en el limbo, denominación que el Observatorio de la Dependencia da a esa lista de espera para recibir un derecho que ya tienes reconocido, «desde diciembre de 2019 hasta finales de 2022, el Principado ha logrado reducir el tiempo medio de tramitación de 19 a 8 meses», reconocía la Consejería la pasada semana.

Ocho meses son dos más de los marcados por la ley. Por ello, y para dotar al Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia (SAAD) «de una mayor agilidad», el decreto incorpora «el uso de las nuevas tecnologías para evitar duplicidades, eliminar cargas burocráticas a las personas y adaptarlo al modelo de atención centrada en la persona».

Según se explica en el documento hecho público hoy, se establece «un único procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD» y centraliza «la tramitación administrativa en el Principado en todas sus fases abriendo la vía telemática».

Para los servicios sociales municipales, ahora puerta de entrada al SAAD, el nuevo decreto reserva, exclusivamente, «las funciones de información, orientación y asesoramiento, así como de seguimiento de las prestaciones en el domicilio».

Porque, el acceso al SAAD se podrá hacer « presencialmente, en cualquiera de las unidades que integran los servicios de información y atención al ciudadano de la Administración del Principado, así como en cualquiera de los registros» de la Administración regional. La vía telemática se hará «a través de la sede electrónica de la Administración del Principado».

Unos cambios estos que no han gustado nada al Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA), que habla de «el fin de la descentralización del sistema», al suprimir a los centros de servicios sociales municipales como puerta de acceso, y acusan al Principado «de fomentar el intrusismo». Lo dice el órgano colegial porque el decreto, además de marcar a un mismo profesional para seguir el proceso de cada solicitante (recibir su petición, valorar y firmar el PIA) amplía las titulaciones que pueden ejercer esa función.

Así, crea, de hecho, la figura de 'profesional especializado en SAAD', puesto que puede ser ocupado por personas «que deberán tener titulación de medicina, psicología, terapia ocupacional, enfermería, fisioterapia o trabajo social», que recibirán «cursos formativos de especialización».

Recuerda el COTSA que esa figura «ya apareció en el primer borrador del decreto» y la propuesta fue contestada «por alegaciones» no solo del propio colegio, sino «por representantes políticos y sindicatos». De hecho, dicen que el decreto conocido hoy «se ha mantenido oculto». Entienden los contrarios a esa nueva figura laboral que «la valoración debe seguir realizándose por las y los trabajadores sociales, quienes ostentan esta competencia».

Aseguran que «un mero cursillo» no puede sustituir la formación de los profesionales de Trabajo Social y creen que, de llevarse a cabo el cambio anunciado hoy «se pone en riesgo la salud física, emocional, social de las personas, su vida, su patrimonio y sus proyectos de futuro». Pese a que el decreto reitera la frase defendida por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar durante esta legislatura, tanto para cambiar el modelo de cuidados de larga duración, como para los centros de acogida a menores, la de 'poner a la persona en el centro', el COTSA cree que el decreto «hace que pierda la ciudadanía más vulnerable».

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