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CHELO TUYA
GIJÓN.
Martes, 23 de marzo 2021, 02:23
La covid mata. Y arruina. En Asturias, tras un año con el sector turístico y comercial prácticamente paralizado, las peticiones de ayudas sociales, las que salen de los erarios públicos, se han disparado. En solo dos meses, los que separan diciembre de febrero, el número de nóminas sociales aumentaron en la región un 23%. Hasta llegar a la cifra récord de 26.836.
En febrero, 21.524 asturianos cobraron el salario social, la prestación que, desde 2005, financia el Principado y se dedica a las personas con ingresos inferiores a los 430 euros al mes. A ellos se suman los 5.312 asturianos perceptores del ingreso mínimo vital, la ayuda social que corre a cargo del Gobierno central y que, aunque se implantó en junio pasado, ha empezado a cobrarse en enero de este año.
Esas 26.836 nóminas suponen la cifra más alta de la historia. Un volumen de prestaciones para personas sin recursos nunca visto. Ni en los peores momentos de la crisis económica que amenazó con paralizar el país, y al mundo, entre 2008 y 2014. En aquel momento, el pico de ayudas quedó en las 22.485 pagadas en 2018. Con la pandemia de coronavirus que sí paralizó el país, y al mundo, el número de nóminas sociales roza las 27.000.
Una cifra tras la que se esconde una aún mucho mayor de beneficiarios. En concreto, de cada nómina del salario social, las estadísticas de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar (de cuyos presupuestos sale la partida económica de esta prestación) dicen que se benefician 2,2 personas. En cuanto al ingreso mínimo vital, que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no hace falta hacer cálculos estadísticos. De las 5.312 nóminas se benefician 13.954 personas, explica el ministerio. De ellas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, 6.289 son menores.
Es decir, son más de 61.000 los asturianos que tienen como único sustento una prestación social. O bien la que financia el Gobierno regional, el salario social, o bien la creada en junio pasado por el Gobierno central, el ingreso mínimo vital, y que suponen un ingreso medio mensual de 500 euros. El sustento de uno de cada veinte asturianos.
«Y serán muchos más», apunta Héctor Colunga, director de la ONG Mar de Niebla y portavoz de la Red Asturiana contra la Pobreza (EAPN en sus siglas en inglés). Porque, a esas nóminas ya en curso hay que sumar las peticiones que están a la espera.
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De hecho, ademas del debate entre el Gobierno regional y el central por el abono de 6.700 nóminas de salario social, que el Principado entiende deberían ser de ingreso mínimo vital desde junio, están las peticiones pendientes de cada Administración. Según los datos oficiales, el Principado tiene ahora 614 solicitudes aún sin responder. El Ministerio llega a las 7.944 del ingreso mínimo vital sin respuesta.
«El panorama es desalentador», percibe Colunga, que cree necesario tener «una ayuda vinculada al acceso a la renta muy ágil, con acompañamiento social y estimulación, pero no con unos procesos tan difíciles de gestionar que lo único que generan son situaciones de desprotección».
Recuerda él que la estructura del salario social, creada en 2005, «no estaba diseñada para soportar la crisis económica que llevó en 2008», lo que generó «retrasos en reconocer el derecho, así como en entrar y salir de la prestación». Esperaba EAPN que «el ingreso mínimo vital no tuviera estos problemas», pero la gestión inicial les hace pedir «que se reconduzca».
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