Los hosteleros reanudan la batalla legal contra el Principado para reabrir sus locales

El comité ejecutivo de Otea tomó ayer la decisión tras reunirse de urgencia para analizar el auto del Tribunal Superior del País Vasco que da la razón a los hosteleros de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y suspende de manera cautelar los cierres impuestos en los locales de los municipios en los que la incidencia acumulada de 14 días supere los 500 casos por 100.000 habitantes.

En el recurso que planteará Otea ante el TSJA se solicitará como medida cautelar la apertura de los establecimientos cerrados. Ello se basa, según la patronal, en «el grave quebranto económico de difícil reparación ocasionado a la hostelería en caso de no poder ejercer la actividad, no resarcible con una hipotética indemnización futura». Además, la asociación afirma que «se ha demostrado que la apertura de la hostelería no provoca una subida de contagios, y que las medidas adoptadas son eficaces», y que, en definitiva, «no se considera justificada la medida adoptada», en referencia a lo aprobado el 18 de enero y 1 de febrero. Otea también sostiene que «no se determina la duración exacta del cierre, sujetando su hipotética prórroga a unos criterios que han ido cambiando, lo que provoca inseguridad jurídica».

Aunque los umbrales epidemiológicos son diferentes, el sistema vasco de restricciones por territorios guarda similitudes con el que impera en Asturias, denominado 4+ y destinado a aquellos concejos donde la propagación del virus supone un «riesgo extremo». La mayor parte de comunidades autónomas ha apostado por un método parecido, con limitaciones ajustadas a los municipios o a zonas básicas de salud, como es el caso de Madrid.

El auto del tribunal vasco argumenta que no está clara la «influencia» de la hostelería en el repunte de contagios padecido tras la Navidad, y que la actividad del sector no implica un «riesgo grave y cierto para la salud pública» siempre y cuando se mantengan las medidas básicas de prevención. Es decir, que la justicia lleva por primera vez la contraria a una administración pública española y afirma que no hay base científica para achacar el aumento de contagios a la apertura de bares y restaurantes.

Bien es cierto que la decisión del tribunal vasco no es ni mucho menos definitiva. Se trata de una suspensión cautelar al admitir a trámite la demanda de los hosteleros, y el Gobierno de Íñigo Urkullu tiene ahora la opción de recurrir el auto, por lo que en el horizonte inmediato asoma una pugna jurídica de la que estarán pendientes todos los hosteleros y reguladores de España.