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EVA FANJUL / DANIEL ROLDÁN
GIJÓN/MADRID.
Martes, 20 de octubre 2020, 01:02
Esta es una semana decisiva para Asturias. Por un lado, afronta el mayor repunte de casos de la segunda ola de la pandemia, con una preocupante tasa de positividad del 8,1%, más de tres puntos por encima del 5% que la OMS juzga el umbral a partir del cual se considera que la pandemia está fuera de control. Por otra parte, el Principado está pendiente de que mañana se apruebe en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el baremo basado en colores para determinar la gravedad de la situación de la covid-19, propuesto por el Ministerio de Sanidad. Se trata de un sistema de indicadores y alertas que busca dar respuestas comunes a todas autonomías ante el descontrol de la pandemia. Este baremo se divide en cinco criterios epidemiológicos (incidencia acumulada cada siete y catorce días, positividad de las pruebas de PCR, el factor de transmisibilidad del virus, la incidencia del virus en la población mayor de 65 años y el porcentaje de casos de los que se conoce su origen) y otros dos asistenciales (camas hospitalarias y de UCI).
A cada valor se le dará un peso específico, que todavía se está negociando con las consejerías, y de ese cálculo saldrá el color de cada comunidad. Ahora mismo, según señalaron desde el Ministerio de Sanidad, ninguna comunidad ni ciudad autónoma estaría en verde, lo que sería la deseada 'nueva normalidad'. Cantabria y Galicia serían las más cercanas. Un semáforo que piden ya varias comunidades, entre ellas Castilla y León. «No puede ser que unas comunidades tomen diferentes medidas. Yo cierro el bar, tú no lo cierras, yo perimetro, tu no perimetras. Esto no puede ser», incidió el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien pidió acabar con el «espectáculo deplorable» que está dando España al mundo con esta «carrera de ocurrencias». «Si esta semana no conseguimos hacer esto tendremos muy difícil explicarle al mundo cómo funciona este país», recalcó.
Resignación. Por segunda vez, los 32.000 vecinos de Aranda de Duero (Burgos) no podrán salir de su municipio los próximos catorce días. El primer confinamiento perimetral se produjo en agosto. Ahora, los datos de infección han provocado que la Junta de Castilla y León tome esta decisión, que también afecta a Burgos capital. Con 551 casos por 100.000 habitantes -la incidencia acumulada o IA-, hasta el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, daba por hecho el confinamiento tras la tendencia de la última semana. Ya son cuatro las capitales de provincia de la comunidad -junto a Palencia, León y Salamanca- que están confinadas. Una decisión extrema, que se ha dado en todas las comunidades pero solo una de las múltiples medidas que los gobiernos regionales están tomando para intentar parar la pandemia. La Generalitat decidió ayer, tras cerrar bares y restaurantes, que las tiendas abiertas las 24 horas cierren desde las diez de la noche hasta las siete de la mañana. Y el toque de queda, al estilo de Bruselas o París, no está descartado. «A día de hoy no está encima de la mesa», apuntó el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
En Madrid, siguieron las diferencias entre los socios del Gobierno regional. El vicepresidente Ignacio Aguado insistió en la necesidad de tomar «medidas drásticas» para doblegar la curva de infectados antes de Navidad. «Si no baja, la curva cae», señaló en Telemadrid.
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