El salario social exigirá «la búsqueda activa de empleo»

El anteproyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales que el departamento de Pilar Varela publicará mañana en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) incluye mejoras en la prestación, a la que incluirá complementos para el pago de la vivienda, la atención a menores y personas dependientes, pero obliga a los beneficiarios a entrar, en el plazo de un mes, en planes de búsqueda de empleo, en el caso de quien esté fuera del mercado laboral, en proyectos de incorporación social.

Así lo deja claro el artículo 22 del nuevo texto legal con el que el Ejecutivo de Javier Fernández quiere dar un paso más allá en las prestaciones sociales. Plantea dicho artículo que esa búsqueda activa de empleo «debe acreditarse» y que los beneficiarios de la prestación deben «suscribir el compromiso de acordar, en un plazo no superior a un mes, el programa personalizado de incorporación social y laboral».

Una obligatoriedad que se vuelve a reiterar en el artículo 27. «Las personas destinatarias del salario social estarán obligadas a participar activamente en la ejecución de las medidas contenidas en el programa personalizado de incorporación social y laboral». Y se vuelve a explicar en qué consisten esas medidas: «Permanecer inscritas como demandantes de empleo y participar activamente en las medidas que se pudieran establecer en el itinerario de inserción laboral acordado con el Servicio Público de Empleo».

De hecho, «negarse a negociar o suscribir un programa personalizado de incorporación social o a la búsqueda activa de empleo» es motivo, recoge el artículo 30, de «suspensión del salario social». Como también lo será «no cumplir los compromisos asumidos en el marco del programa personalizado de incorporación activa de empleo».

Un endurecimiento de las condiciones que el Principado compensa con la ampliación de las cuantías. Porque el salario social no será una paga única. La ley supone la entrada en funcionamiento de un nuevo ente, el Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que se encargará de gestionar la nueva y ampliada prestación.

Porque el salario social vendrá parejo con un plus para el pago de la vivienda, así como otro para la protección de menores y de las personas dependientes o con discapacidad que conformen la unidad familiar del solicitante.

Unas cuantías que no recoge el anteproyecto de ley, aunque deja claro que subirán, de forma automática, con el IPC anual, algo que no ocurre hoy con el salario social, congelado desde 2011.