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CHELO TUYA
GIJÓN.
Viernes, 20 de julio 2018, 03:13
El Principado 'penaliza' el cobro del salario social a familiares de beneficiarios. Según la ley que la sustenta, aprobada en diciembre de 2005, a esta prestación tienen derecho todos los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 430 euros. Sin embargo, «no es así».
La ... presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias (COTSA), Belén Murillo, desvela que existe una penalización a familiares de perceptores de esta paga. Un 'castigo' que tiene como víctimas a las familias monomarentales. «Tenemos casos de mujeres que, al separarse, vuelven con sus hijos a la casa de sus padres. Aunque no tengan ingresos, si su madre o padre cobran el salario social, como complemento a la pensión, a ellas no les dan la prestación».
Así lo aseguró la presidenta del COTSA, que habla de numerosos expedientes similares que ella y sus compañeros de profesión gestionan cada día. Pese a que los profesionales de Trabajo Social dan de paso la solicitud, el Gobierno regional no tiene la misma opinión. «Estos casos se rechazan como individuales. Se incluye a las peticionarias en el expediente que ya tenga abierto el progenitor que ya cobre el salario social. Normalmente, la madre y abuela».
Eso significa que en hogares liderados por mujeres jubiladas, «su hija y sus nietos viven de su pensión». Y lo hacen con cuantías muy bajas. «Hablamos de que la madre cobra el salario social como complemento a una baja jubilación. Son 300 euros al mes».
La explicación que ofrece la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, encargada de gestionar esta prestación, que de media supone unos ingresos de 530 euros, es que «es un expediente familiar. Para el Gobierno regional, el caso de estas mujeres, con hijos a cargo, debe sumarse al de la abuela», algo con lo que los profesionales de Trabajo Social «no estamos de acuerdo», anunció Belén Murillo.
No solo porque «se trata de casos diferentes», sino porque «al sumarla al expediente de la madre, tanto la nueva solicitante como sus hijos pasan a ser un caso 'en revisión'. Es decir, hasta que no revisen la nueva situación de la titular, en este caso la abuela, no se ajustarán las cuantías».
Una decisión la del Principado que condena a los nuevos solicitantes «a dos años de espera». Según las cifras de Murillo, esa es la media que acumulan las revisiones. La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, reconoció que son más de 6.000 los expedientes en revisión.
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