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Desmejorado y empequeñecido por la edad y las enfermedades, con dificultades para subir escaleras, pero lleno de gratitud a quienes le han apoyado. Así llegó ... a su domicilio José Luis Iglesias Riopedre, el exconsejero de Educación para el que la jueza de Vigilancia Penitenciaria decretó la libertad condicional el miércoles. Su implicación en el 'caso Renedo' se saldó con una condena de cárcel que se prolongaba hasta 2024, pero finalmente su estado de salud ha justificado suspenderla por «motivos humanitarios».
Tiene 81 años y deja atrás año y medio de prisión con las funciones cardiacas y renales debilitadas. Los informes médicos acreditan que apenas salía de la celda y expresaba temor a morir entre rejas. El mismo miércoles al llegar a casa telefoneó a quienes han estado apoyándole.
El expresidente Juan Luis Rodríguez-Vigil se cuenta entre ellos. «La piedad es el sentido más noble del ser humano y este ejercicio de piedad honra al fiscal y a la jueza», expresó. Rodríguez-Vigil tenía programada una visita a la cárcel hace meses para chequear la salud del exconsejero pero ese día el reo fue trasladado al HUCA de urgencia al descompensarse. «Su salida era una cosa obligada, a otros con casos más graves se le había concedido», confió el expresidente.
La libertad alivia el «calvario» que han pasado su mujer y su hijo, según fuentes próximas al núcleo. El exconsejero ingresó en prisión en octubre de 2019 y al mes el subdirector médico del centro firmó un informe considerando que sus padecimientos eran graves e incurables y procedía sacarlo. La acumulación de informes en el mismo sentido y las cada vez más frecuentes salidas de urgencia al HUCA desasosegaban a la familia
La preocupación de sus afines pasa por recuperarle, ordenar las citas médicas y mejorar su dieta. A los amigos se les ha comunicado que sigue sin vacunar contra la covid y pospongan toda visita.
La excarcelación fue acogida con «respeto» por Avall y Podemos, acusaciones que junto a Fiscalía pidieron su condena. «Ninguna satisfacción causa que esté en prisión, menos aún personas enfermas que no son asesinos, esto era corrupción administrativa», indica la portavoz de Avall, María José Rodríguez, quien apremió a avanzar en la ejecución de la condena económica.
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