Los condenados del 'caso Renedo', en la cárcel y pendientes de pagar con sus bienes lo robado

Sin teléfono ni internet, lejos de sus familiares y sobre camas de 70 centímetros de ancho. Tras ser cacheados, fotografiados y tomadas sus huellas. Así han pasado sus primeras horas entre rejas las cinco personas que soportan las mayores condenas del 'caso Renedo'. Todos asumieron su destino y se entregaron al procedimiento penitenciario. José Luis Iglesias Riopedre, Víctor Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez en la cárcel de Asturias. Ellas, Marta Renedo y María Jesús Otero, optaron por viajar hasta Álava y cumplir en el centro de Zaballa. Con el rostro grave, declinaron hablar ante las cámaras que siguieron sus últimos horas en libertad. «Estemos o no de acuerdo, tenemos que cumplir con el requerimiento judicial», transmitió el abogado de Sánchez. El exconsejero «no está ni física ni psicológicamente para entrar en prisión», lamentó su nueva letrada.

Para mitigar el impacto, Instituciones Penitenciarias los dejará un máximo de cinco días en el módulo de ingresos, junto a un preso de confianza si aprecia riesgo de suicidio. Serán entrevistados por el educador, el médico, el psicólogo y el trabajador social. Sus informes determinarán a qué pabellones los asignan luego. En Asturias los reos aspiran a los módulos libres de droga. En el País Vasco confían en terminar en los de respeto específicos para mujeres.

Los abogados no abandonan la pelea para sacarlos, pero los jueces avisan. «Las condenas están para ser cumplidas», repite el Tribunal Supremo. Sí, a estas alturas todos estaban integrados en la sociedad, tres son jubilados y ninguno tiene muchas opciones de reincidir. «La reinserción social es uno de los fines de la pena, pero no el único», respondió la Audiencia Provincial. Lo hizo al explicar por qué ve improbable que los indultos que han pedido al Gobierno tanto Sánchez como Riopedre prosperen.

Han tenido que pasar 2.920 días o, lo que es igual, nueve años y medio, para que la denuncia que una ciudadana puso en una comisaría de Gijón desemboque en el ingreso en prisión de cinco personas dispares con un denominador común. El Supremo los considera responsables de un caso de desvío de fondos públicos que fue algo más. Además de llevarse dinero «se implantó de facto un sistema de adjudicación» paralela que «afectaba a todo el sistema de la comunidad autónoma», dijo.La trama de «corrupción ha afectado tanto al ámbito de la administración pública como a una parte del tejido social», añadió.

La acusación es grave, las condenas efectivas de cárcel se ciñen a cinco personas. Tienen un horizonte sombrío aunque sus abogados hayan minimizado los daños. La batalla empezó con una acusación de la Fiscalía y el Principado que repartía 57 años de prisión, la Audiencia Provincial dictó condenas que lo dejaban en 40 años, y al final el Supremo concluyó que, por al retraso de la causa, un error en el cálculo de las penas y algunas lagunas en la acusación, había que bajar a 27 años y cinco meses.

El castigo, sin embargo, no acabará ahí. Sánchez, Muñiz, Renedo y Riopedre tienen una semana para abonar multas judiciales que suman 4,28 millones. Las circunstancias del primero provocan que cada 10.000 euros de impago le añadan un día de prisión. Los empresarios arrastran además condenas por fraude fiscal que les exigen 3,4 millones, si bien en el caso de Muñiz la tiene recurrida. Desde febrero el Tribunal de Cuentas avanza en la ejecución de otra condena que obliga a Renedo a reponer 1,5 millones.

En total, hay 9,18 millones en pagos pendientes de recurso o ejecución. A ello cabe sumar que en tres semanas el Principado aclarará cuánto dinero pide que le devuelvan y que un juzgado de instrucción investiga en un caso paralelo, centrado en un supuesto fraude de cuatro millones del que sospecha son responsables Riopedre, Otero, Sánchez y Muñiz.La Justicia avanzó con lentitud, pero avanza en la incautación de todo o gran parte del patrimonio de los condenados.