El 'caso Hulla' se enfrenta a la apertura del juicio oral sin su principal investigado

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'Caso Hulla'

El Montepío acata la decisión de la jueza respecto a Villa, pero pide que se aclaren «cuanto antes» las responsabilidades

Ana Moriyón

Lo hará con una novedad sustancial frente a los planes iniciales. Pendiente aún de posibles recursos, la magistrada ha decidido dejar fuera del proceso a uno de los principales investigados, el exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, debido al deterioro de su salud mental. Las acusaciones particulares personadas en la causa, Montepío de la Minería y el SOMA, han acatado la decisión, por lo que no recurrirán el auto de la jueza, aunque podría hacerlo la Fiscalía Anticorrupción, principal impulsora de esta investigación.

El Ministerio Fiscal puso ya en 2013 la lupa sobre todos los movimientos del exdirigente sindical José Ángel Fernández Villa y de su mano derecha, el expresidente del Montepío de la Minería, José Manuel Postigo, después de que ambos aprovecharan la amnistía fiscal de 2012 para blanquear respectivamente 1,2 millones y 360.000 euros de dudosa procedencia. Unas pesquisas que llevaron a la Guardia Civil a detectar irregularidades tanto en la concesión de los más de 30 millones de subvención que sirvieron para sufragar la obra, como en las modificaciones urbanísticas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Aller para poder levantar el equipamiento. Pero también en el sospechoso proceso de adjudicación de los trabajos y en los sobrecostes de un proyecto que terminó costando 32,5 millones de euros, 18 más de lo que debería haberlo hecho, según informes que apuntan a «márgenes escandalosos» y a «comisiones ilegales». Con esta base policial y la detención simultánea de Villa y Postigo; pero también del propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros y promotor de la obra de la residencia de Felechosa, Juan Antonio Fernández; el arquitecto, Manuel Sastre, y el exasesor económico del Montepío, José Manuel Fernández, arrancaba en 2017 el proceso judicial.

Sobre la mesa de la magistrada se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capital, falsedad documental, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística o malversación de caudales públicos y que salpicaron, desde un primer momento, a las familias de los principales investigados, a cuyo nombre se regularizó buena parte del dinero supuestamente ilícito. Se trata de la esposa de Villa, María Jesús Iglesias, y sus hijos, Ángela Fernández y Rolando Fernández; pero también la familia de Postigo, sus hijas, Elena y Patricia; su exmujer, Elena Pérez, y su pareja sentimental, Dorina Bicher. También desde un principio, aunque con un papel más secundario, están siendo investigados el aparejador de la obra, Vicente Fernández; el asesor jurídico del Montepío, Rafael Virgós, y uno de los proveedores, Jorge González.

Igualmente, en una línea de investigación paralela, se imputó a Rodica Daniela Timis por las supuestas ilegalidades relacionadas con los contratos de limpieza realizados por el Montepío en favor de empresas vinculadas con Postigo. Tras varias oleadas de diligencias y declaraciones de testigos e investigados, la magistrada sumó a la lista al socio y a la mujer del constructor, Juan Carlos Riera y Rocío San José. Se abrió también una línea de investigación paralela en relación con las presuntas irregularidades urbanísticas que se pudieron cometer en el Ayuntamiento de Aller, y que motivó la imputación de quien fuera alcalde en el momento de los hechos, Gabriel Pérez Villalta. Incluso durante un tiempo se investigó al resto de la corporación de Aller, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, a través de una pieza separada, acordó el sobreseimiento libre de los exconcejales.