El Montepío acata la decisión de la jueza respecto a Villa, pero pide que se aclaren «cuanto antes» las responsabilidades

La entidad no cuestionará la valoración que se ha realizado sobre el estado en el que se encuentra José Ángel Fernández Villa, uno de los principales investigados, y por lo tanto acatará el reciente auto por el que el exlíder sindical se cae de la lista de investigados en esta trama.

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No obstante, el Montepío reclama que se aclaren «cuanto antes» las responsabilidades en el denominado 'caso Hulla', del que se siente principal perjudicado. Y, como tal, advierte de que la entidad «continuará ejercitando las acciones oportunas para defender los intereses de la entidad en dicho procedimiento» con el objetivo de poder «resarcirse de los daños y perjuicios que se le han causado».

Por ahora, según indica el comunicado, el Montepío de la Minería continuará como acusación particular en el procedimiento abierto y, según reconoció el presidente de la entidad, Jesús Armando Fernández Natal, 'Mandi', no se ha valorado por el momento la posibilidad de interponer una demanda por lo civil contra Fernández Villa. Fuentes jurídicas consultadas entienden que sería prematuro hacerlo antes de conocer la evolución del proceso en curso, aún en periodo de instrucción.

El 'caso Hulla' tiene sus orígenes en febrero de 2013, cuando la Fiscalía Anticorrupción inicia las investigaciones en torno a la figura de José Ángel Fernández Villa, quien aprovechó la amnistía fiscal de 2012 para regularizar una fortuna oculta de 1,2 millones de dudosa procedencia.

Fiscalía Anticorrupción tiró de aquel hilo que les llevó a la obra del geriátrico y, hasta la fecha, hay una veintena de imputados sospechosos de haberse beneficiado de una u otra forma de las presuntas irregularidades cometidas tanto en la concesión de los más de 30 millones de subvención que sirvieron para sufragar el proyecto, como de las modificaciones urbanísticas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Aller para poder levantar el equipamiento. Pero también del sospechoso proceso de adjudicación de los trabajos y, principalmente, de los supuestos sobrecostes de un proyecto que terminó costando 32,5 millones de euros, 18 más de lo que debería haberlo hecho, según informes que apuntan a «márgenes escandalosos» y a «comisiones ilegales».

El proceso judicial arrancó hace ya siete años con la detención simultánea del propio Villa; de su mano derecha y expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo; el propietario de la constructora Alcedo de los Caballeros y promotor de la obra de la residencia de Felechosa, Juan Antonio Fernández; el arquitecto, Manuel Sastre, y el exasesor económico del Montepío, José Manuel Fernández.