El Principado distribuyó 50 millones de los fondos covid estatales a 5.700 beneficiarios

La oposición carga contra el Principado por no haber sido capaz de dar salida a un porcentaje mayor de estos fondos, mientras la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, defiende la «gestión intachable» por parte de su departamento y asegura que se hizo «todo lo que estaba en nuestras manos» para llegar al máximo de posibles beneficiarios. Todos los que cumplieron los requisitos recibieron esa ayuda, por lo tanto la gestión fue intachable».

La titular de Hacienda recuerda que el Gobierno del Principado «no participó ni en el diseño, ni en la configuración de estas ayudas. Son ayudas definidas desde el Estado, aprobadas a través de un Real Decreto ley y con unos requisitos de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas». Aún así, señala que desde el Gobierno regional «hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que estos fondos llegaran al máximo de destinatarios posibles. Concretamente, subrayaron este sábado desde el Principado, se amplió el alcance a prácticamente la totalidad de los sectores productivos, se fijaron los importes máximos de ayuda que la normativa estatal permitía, se regularon de manera concreta las altas de las empresas de 2019 y 2020 para que también llegara a esos negocios y se aprovechó al máximo el margen legal existente para poder justificar el destino de la ayuda.

Aún con todo, no fue posible dar salida al grueso de los fondos asignados por el Estado al Principado, lo que ha obligado a la Consejería de Hacienda a proceder al reintegro de más de 56 millones de euros, generando críticas entre la oposición. Desde el Gobierno autonómico insisten en que estas ayudas presentaban una serie de requisitos impuestos por la normativa estatal y sobre los que el Principado «no tenía capacidad de actuación».

Los criterios estatales, recuerdan, «excluían a empresas que hubieran tenido pérdidas en el año anterior al estallido de la pandemia y debían estar al día en el pago de deudas y los pagos a proveedores y acreedores». A las comunidades autónomas, explican desde el Principado, «únicamente les correspondía gestionar las ayudas, teniendo solo capacidad para fijar el importe de las mismas y para incrementar el número de actividades beneficiarias».

El Gobierno asturiano, recuerdan, puso de manifiesto desde el primer momento que las ayudas configuradas por la administración central definían una serie de «estrictos requisitos que las convertían en inaccesibles para muchos de los potenciales beneficiarios». Tanto es así que el volumen de ayudas solicitado «ha resultado claramente inferior al importe transferido por la Administración central». De ahí que, sostienen, «culpar al Gobierno de Asturias del porcentaje de adjudicación de las ayudas estatales es totalmente injusto a la luz de los hechos y de los datos», subrayan fuentes del Gobierno.

El equipo de Adrián Barbón saca pecho por el esfuerzo realizado para apoyar con fondos propios a los sectores más castigados por la crisis sanitaria. «Hemos sido la comunidad que más se ha volcado con los sectores más afectados por la pandemia, los datos son irrefutables», defiende Cárcaba. Se refiere la consejera tanto al fondo autonómico recogido en los presupuestos de 2021 y dotado inicialmente con 100 millones, que ascendió finalmente hasta los 109,2, como a los 23 millones en ayudas que se repartieron el año anterior y los 2,8 de este ejercicio. En total, 135 millones. «El Principado sobresale entre las comunidades autónomas por su sensibilidad para con los sectores afectados, por su esfuerzo presupuestario y por su capacidad gestora de un volumen de ayudas que jamás se había concedido, que supuso un auténtico reto para la Administración», añaden desde Gobierno regional.