Los camioneros asturianos, en pie de guerra tras anunciar Vizcaya que les cobrará peaje

El Ministerio de Transportes abrió la puerta a extender por toda la red estatal el pago; tras años de globos sonda ahora lo ha incluido entre las reformas que España compromete a la Unión Europea a cambio de los 69.500 millones del Plan de Recuperación. Los últimos documentos revelados por Bruselas sitúan que antes de un año debería estar claro el sistema mientras que la ley que aplicaría los nuevos peajes se promete «a más tardar el 31 de diciembre de 2023». Es una carrera en la que la Diputación de Vizcaya ha tomado la delantera.

La institución vasca anunció hace unos días que cobrará a los camiones en parte de su territorio. Imanol Pradales, diputado de Infraestructuras, lo justificó en dos vías autonómicas y dos nacionales alegando que de ese modo evitaría que el tráfico pesado las utilizara como alternativa a las autopistas de pago. Luego añadió que también gravaría la autovía del Cantábrico (A-8), amparándose para ello en el principio comunitario de que «quien contamina paga». El objetivo es que los arcos para cobrar a los camioneros empiecen a funcionar desde el otoño de 2022.

«Es una ruta clave, el transporte asturiano tiene unas intensidades importantes de tráfico ahí; es tránsito obligado para los fletes hacia Europa por lo que esto nos encarece los costes», analiza De la Roza. El presidente de la patronal se dice a la espera de que la diputación concrete su anuncio en cuanto a tarifas y soporte legal para dar la batalla.

«Tenemos un buen precedente con Guipúzcoa», recuerda. Alude a que la diputación vecina impuso antes el peaje para camiones en tres tramos de la N-1 y la A-15. Ese canon ha sido tumbado en los tribunales y «han perdido todos los recursos. El Supremo se lo terminó echando abajo porque eran discriminatorios», recuerda De la Roza.

Pese al revés «siguen aplicándolo diciendo que la sentencia solo es definitiva cuando salga en el boletín oficial y la trampa que hacen es retrasar su publicación». La maniobra fue denunciada por un sindicato vasco de transportistas y un juzgado investiga ya si hay prevaricación. «Tenemos un gabinete jurídico para que las empresas recuperen lo cobrado indebidamente», agrega De la Roza.

En Galicia también hay novedades. Usuarios y Gobierno autonómico hacen batalla para aliviar el peaje de la AP-9, autopista cuyo primer tramo entró en servicio en 1979 y tiene la concesión ampliada hasta el 2048. Son variables que la emparejan con el Huerna (AP-66) asturleonés.

El ministerio acaba de anunciar que desde julio en la AP-9 extenderá a los camiones una bonificación de tarifas del 20% que ya tienen los vehículos ligeros en uno de sus tramos. Estima en seis millones lo que se ahorrarán los camioneros cada año.

En el Huerna la tarifa para canmiones goza de una bonificación del 30% desde 2006, algo que al ministerio le cuesta unos cuatro millones al año. Hay otra del 50% para usuarios frecuentes que le pasa una factura de 1,7 millones. El presidente del Principado, Adrián Barbón, asumió como objetivo lograr una ampliación de la bonificación a camioneros que no termina de llegar. Ver que el ministerio sí avanza en Galicia «es un agravio más y una contradicción; tenemos un Gobierno que reduce peajes en un lado mientras planea extenderlos en todos los sitios, afea De la Roza.