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R. MUÑIZ
GIJÓN.
Lunes, 21 de junio 2021, 04:39
Al llegar al Ministerio de Fomento, el equipo de José Luis Ábalos se encontró con varios estudios realizados por la consultora pública Ineco sobre cómo incrementar la recaudación. Los había encargado su predecesor al ver que parte de las autopistas de pago iban a ver ... caducado sus contratos de concesión, además de los efectos que los recortes habían tenido en el mantenimiento viario. Los técnicos se pusieron a analizar lo que sucede en el resto de países buscando un modelo de financiación que permitiera blindar los costes de la conservación de carreteras.
Los últimos trabajos son de 2018 y sobre ellos el ministro fue alimentando el debate sobre la conveniencia de empezar a introducir en España el pago por uso de la red. Esa es la alternativa por la que apostaban los técnicos en un informe que sugiere un precio de 0,0172 euros por kilómetro recorrido en el caso del coche. El documento de Ineco reconoce que esta solución tendría una «aceptación social baja».
Sin embargo los informes de Ineco analizaron también otras dos alternativas: no liberalizar los peajes cuyo contrato caducaba (opción por la que apostó el predecesor de Ábalos) y subir los impuestos a los carburantes.
El documento señala que en España el 33% de lo que se pagaba ese año por cada litro de gasóleo era para cubrir el IVA y el impuesto a este hidrocarburo. En Francia esa carga fiscal es del 42%, en Alemania del 44%, en Italia del 48%, en Holanda del 41%, en Portugal los impuestos se llevan el 40% de la factura mientras en Reino Unido y Suiza el 50%. Solo Austria recauda una proporción menor, el 29%.
De segregar lo que supone el IVA y el impuesto al gasoil resulta que «España es el país que menor cantidad de euros por cada litro de combustible recauda», subrayaron los técnicos.
El informe ve así margen para converger con la UE en este aspecto. La opción que plantea el documento es un recargo de 0,034 euros por litro si solo se quiere cubrir los costes de mantenimiento o de 0,13 euros si además se pretende financiar así inversiones.
Entre las ventajas de esta alternativa los técnicos decían que no requiere gastos en arcos ni un sistema complejo (cosa que sí precisa el peaje) y es «razonablemente coherente con los principios» de que quien contamina paga. Eso sí, reconocen que la medida también tendría una aceptación social «baja» y que las comunidades podrían reclamar participar del reparto.
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