El Principado se abre a la declaración responsable en ámbitos sociales para «desatascar» la burocracia

El Gobierno del Principado coge el guante de IU y se abre a incluir la declaración responsable como mecanismo ordinario para acreditar el cumplimiento de los requisitos que se reclaman por parte de la Administración regional a la hora de acceder a ayudas y otras cuestiones de carácter social. Una medida que plantea IU para «desatascar« la burocracia social que, en ocasiones, está generando importantes retrasos en el pago de este tipo de ayudas sociales.

La propuesta de la coalición pasa concretamente por aprobar una proposición no de ley que acaba de registrar en la Junta General que pretende modificar la Ley de Garantías de Derechos y Prestaciones Vitales con este fin. La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, se mostró dispuesta a analizar esta medida y la forma de aplicación, pero además aseguró que «todas las medidas que vayan a contribuir a dar agilidad al sistema serán bienvenidas». En todo caso, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que en su departamento se ha avanzado mucho a lo largo de esta legislatura en este sentido y apuntó que, en estos momentos, una solicitud del Salario Social Básico se tramita en aproximadamente un mes cuando «no hace tanto tiempo se tardaba entre 14 y 19 meses».

La consejera portavoz también anunció la autorización de un gasto de 21,3 millones de euros para financiar dos convocatorias de subvenciones públicas. Concretamente, para la inserción laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo (15,5 millones) y para facilitar la inserción laboral de jóvenes con escasa formación (5,1millones). Paralelamente, el Principado, a través de la Dirección General de Igualdad, ha dispuesto otro 1,1 millón de euros para la convocatoria pública de ayudas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las familias con menores de 12 años, con ayudas de hasta 500 euros en caso de dos o más hijos.