Ayuda a domicilio cumple un mes de lucha: «El dinero va a las empresas, no a nosotras»

La consejera de Bienestar Social, Melania Álvarez, instó el viernes a la patronal y a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD) a llegar a un acuerdo para que los pliegos de condiciones de los diversos ayuntamientos que subcontratan el servicio puedan incluir en sus costes las mejoras salariales que se puedan fijar en los convenios, máxime cuando «hay seis ayuntamientos, algunos de ellos de los grandes, que están ahora revisando esos pliegos».

La consejera garantizaba que los posibles incrementos de costes que puedan suponer los nuevos convenios contarán con financiación del Principado, así que, en principio, todo parecería apuntar a que patronal y trabajadoras podrían llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, dado que el dinero necesario vendría de las arcas públicas.

¿Por qué no se llega a un acuerdo? Sofía Vilasboas (CT) una de las organizadora de las protestas, que ayer, con la manifestación de Gijón, «ya llega a un mes y un día, no nos quitéis el día», lo explica: «El año pasado no tuvimos ninguna subida; este año, con la que está cayendo de inflación nos ofrecen un 1,5% y para los años sucesivos, un 1%, mientras que nosotras pedimos que este año tan duro de subida de precios tengamos al menos un 6,5% de incremento. Pero la patronal está inamovible, ellos sabrán por qué», afirmaba Vilasboas al inicio de la manifestación, junto a la Gota de Leche.

La consejera instó también a las partes a no entrar en este momento a debatir sobre otras circunstancias que se podrán abordar en el futuro, como la municipalización del servicio que reclaman las trabajadoras. Pero estas, «vista la postura de la patronal», no renuncian a que el SAD vuelva a ser plenamente público, porque, pese a las garantías ofrecidas por el Gobierno regional, ellas consideran que «los fondos van a las empresas, no a nosotras».

La marcha discurrió tranquila y animada, entre la indiferencia de unos y el apoyo manifiesto de otros viandantes -se vieron algunos aplausos espontáneos- y también con presencia de una buena cantidad de usuarios del servicio SAD. Carmen Diego, de la Plataforma, insistía en la idea: «El convenio, si es precario, no va a dejar que esos fondos lleguen, en ninguna medida, a nosotras. Los pliegos de los ayuntamientos recogen el IPC para los costes de las empresas, pero nuestros convenios no tienen esa cláusula, así que los fondos van a las empresas, no a nosotras, mientras se mantenga esta situación».

Carmen explica su propia situación: «Trabajo 35 horas a la semana con un montón de desplazamientos por la ciudad para cubrir servicios en los que a los usuarios les hago hasta la compra, por 780 euros al mes». Pero el suyo no es ni el peor caso, ni el único. Ana Belén Fernández, SAD en Langreo, hace «tres servicios diarios en jornada partida, dos de ellos de grandes dependientes, así que, aunque trabajo 22 horas a la semana se me pide una disponibilidad absoluta y en unas condiciones de trabajo muy duras, con mucho desgaste físico y emocional».

Ana Belén, que gana 900 euros al mes, adelanta de su bolsillo la gasolina y «al precio que se ha puesto, el kilometraje que nos pagan no nos llega. Yo ya ni uso el coche si no es para trabajar». Su compañera Verónica Casado ingresa algo más porque tiene 40 horas de jornada semanal. Son 1.055 euros al mes para atender «a siete u ocho usuarios cada día, y lo tengo que hacer volando de un sitio a otro, porque cubro los concejos de Cangas de Onís, Amieva y Onís», sin que coincidan cada día los trayectos. Afirma Verónica que «me hago una media de 1.500 kilómetros al mes, y la patronal solo nos quiere pasar de 0,24 el kiómetro a 0,27, y eso teniendo en cuenta que el coche y sus reparaciones lo ponemos nosotras». La organización del servicio es otra queja: «No tenemos usuarios fijos, me los cambian de día a día y me lo dicen a las diez de la noche para el día siguiente». Su compañera Ana Belén Fernández lo corrobora: «A veces a mí me cambian todo a las once de la mañana». Verónica añade que «también es duro para los usuarios, porque si ya es incómodo que se te meta alguien en casa, al menos si es siempre la misma persona te conocen».

«Dan mucho cariño»

Hija de una usuaria que falleció recientemente y madre de una SAD, Esmeralda Frey ve el derecho y el envés de esa relación: «Para mi madre fueron muy buenas, le facilitaron no tener que ir a una residencia hasta casi el final, y no solo hacían lo que se supone que tienen que hacer, sino que le daban cariño, mucho y hacen cosas a las que no les obliga su trabajo. A estas mujeres con 2.000 euros al mes no se les paga lo que hacen». Y lo dice también por su hija: «No se despega del teléfono ni de noche ni de día, porque está pendiente de la medicación que tienen que tomarse los usuarios».

También estaba en la manifestación Alfredo Rojo, viudo de Jacoba Domínguez García, que falleció en enero de 2020 habiendo solicitado que, tras serle amputada una pierna en 2016, se le reconociese la dependencia: «Cuatro o cinco meses después nos llamaron para hacer revisión de la dependencia», cuenta Alfredo, emocionado, recordando cuatro años de peregrinación por residencias y centros de día «desastrosos, con un abandono total de los ancianos, pero por falta de personal. ¿Por qué no se vigila el abandono en las residencias?», cuestiona, a la vez que de las profesionales de la ayuda a domicilio afirma que «no tienen culpa de nada, sino todo el mérito, un mérito enorme. Por eso estoy aquí, dándoles mi apoyo».

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