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PABLO SUÁREZ
GIJÓN.
Domingo, 3 de noviembre 2019, 03:05
Asturias la conforman 78 concejos, lo que supone en torno al 1% de los ayuntamientos de toda España. La proporción, lógica si se compara la extensión de su territorio con el de otras comunidades, no siempre se refleja en las comparaciones. Ejemplo de ... ello es lo que ocurre en el caso de las lindes en disputa entre municipios, divergencias entre ayuntamientos a la hora de apreciar el sitio por donde debe pasar la línea divisoria que separa sus competencias, respecto a las que Asturias es líder indiscutible, con hasta 21 conflictos de este tipo, de los que un 66% ya han sido tramitados y son firmes.
Actualmente, según datos facilitados por el Principado, en la región se contabilizan nueve expedientes de deslinde entre municipios asturianos cuya resolución es ya firme. Esto quiere decir que la administración ha emitido una decisión aceptada por los contendientes. Por su parte, hasta cinco deslindes se encuentran en periodo de tramitación. Es el caso de aquellos que mantienen en liza a los municipios de Lena y Quirós, Caso y Piloña, Allande y Grandas de Salime, Navia y Valdés, y Navia y Villayón.
No todo queda en casa. En el Principado también se contabilizan hasta siete disputas con municipios de otras regiones vecinas, cinco de los cuales ya han sido resueltos, mientras que los dos restantes (entre Cabrales y Cilloriego de Liébana y Cabrillanes y Somiedo) permanecen recurridos.
En vista de los datos que manejan al respecto en el Instituto Geográfico Nacional, se trata de un número alto, consecuencia también de una orografía que ofrece una mayor tendencia al conflicto que otros territorios. Buena parte de las disputas se remontan a años atrás, un factor que puede llegar a ser determinante. En Asturias, el órgano instructor del procedimiento es el servicio de Cartografía del Principado, mientras que el órgano que aprueba el deslinde será el Consejo de Gobierno, previo dictamen del consejo consultivo. De hecho, ante las dudas que ofrece muchas veces la documentación, la administración eleva la consulta al propio Instituto Geográfico Nacional, quien en base a la información disponible, elabora un fallo no vinculante para que el Principado tome la última palabra. En caso de que uno de los ayuntamientos en disputa no quede satisfecho con la resolución, este podrá incluso llevar el caso a instancias judiciales. En consecuencia a todos estos filtros, este tipo de casos suelen dilatarse bastante en el tiempo.
El criterio varía según cada caso y la información disponible. Si la documentación, cuanta más antigüedad mayor validez, no es capaz de resolver con claridad la disputa, entran en liza otros factores como quién ha estado ejerciendo la jurisdicción a nivel fiscal y administrativo o cual de los municipios en disputa se ha encargado de limpiar el territorio. Otro de los cauces puede pasar por revisar las propiedades, en caso de que existiese un propietario, algo que no siempre sucede. En definitiva, se trata de un trámite complejo que en buena parte de las ocasiones no refiere al total del espacio fronterizo, sino que se limita a un terreno concreto entre mojones, los postes o marcas que señalan el cambio de concejo. Aparte quedan las disputas entre vecinos, de índole privada y cuya gestión se realiza por cauces distintos a las municipales.
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