El Principado promete «contundencia», pero evita ir al choque con Sánchez

Esta gestión de plazos provoca que sea la vicepresidenta, Gimena Llamedo, quien dé la cara, como presidenta en funciones. El martes llamó a la prudencia y pidió tiempo para analizar un preacuerdo que entonces no era público. Ayer dio un paso más, muy medido. Consistió en no valorar directamente el pacto con ERC y evitar así confrontar con un acuerdo avalado por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En vez de entrar en ese marco, la vicepresidenta optó por recordar cuál es la posición tradicional del Principado en el debate de la financiación autonómica, poniendo el acento en elementos de la misma difíciles de conciliar con un acuerdo bilateral como el alcanzado y que limita las aportaciones de Cataluña a la caja común. La línea de puntos queda así marcada para quien la quiera seguir.

Llamedo declaró así que «la posición de Asturias es clara, contundente y coherente, la hemos mantenido en el tiempo, la defendimos ayer, hoy y mañana». Consiste en llegar a acuerdos desde «la multilateralidad de todos los territorios» y preservando «la solidaridad entre los territorios». «Asturias no estará de acuerdo con cualquier tasación o limitación a este principio», advirtió.

Acotar esas aportaciones «sería perjudicial para la financiación autonómica y, por tanto, también para el Estado». De reformar el sistema, lo que reclama el Principado es que la base del mismo sea calcular el coste real de los servicios y asegurar en consecuencia su financiación. Llamedo concedió que a juicio de su Ejecutivo es cierto que las comunidades precisan de más recursos. Los principios enunciados los seguirá manteniendo el Gobierno asturiano «en los espacios políticos e institucionales en los que tengamos que trasladar nuestra posición».

La explicación sugiere un rechazo del pacto con ERC del que se evita hacer un elemento de confrontación. Entre los socialistas asturianos hay sectores que entienden que una reforma de ese calado requiere reformas legales que exigen el apoyo del PP, por lo que «el acuerdo no llegará a tener los efectos anunciados». Persuadidos de que la amenaza foral no es tal, creen innecesario echar un pulso a Ferraz.

Sea como fuere, lo cierto es que Asturias está emitiendo un discurso en frecuencia muy distinta al del resto de comunidades. Excluida la Generalitat, los otros 15 gobiernos autonómicos se han manifestado nítidamente a favor (en dos casos) y en contra (en trece).

Los once presidentes autonómicos del PP son a cada cual más rotundo. Pedro Rueda (Galicia) pidió «parar esta locura», María José Sáenz de Buruaga (Cantabria) considera que estamos ante «corrupción política». Gonzalo Capellán (La Rioja) lo ve «vergonzoso» y teme «una merma de recursos irreversible». Jorge Azcón (Aragón) también lo ve «ilegal» y su colega extremeña, María Guardiola, entiende que estamos ante «una actitud kamikaze de Pedro Sánchez». Alfonso Mañueco, presidente castellano y leonés, lo calificó de «robo a Castilla y León». Juanma Moreno (Andalucía) lo siente como «un mazazo a la solidaridad»; Marta Prohens (Baleares) explicitó su malestar y Carlos Mazón, president valenciano, lo calificó de «golpe de estado fiscal». Isabel Díaz Ayuso, desde Madrid, dijo que «rompe la caja común y no nos quedaremos quietos», mientras el murciano Fernando López Miras advierte de que «afecta a todos» y anuncia batalla legal.

Fuera del PP lo critican el socialista Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) con términos como «obsceno y bochornoso» y el nacionalista Fernando Clavijo (Canarias), quien lo ve «una deslealtad».

Por contra la presidenta navarra, la socialista María Chivite, dijo ver el pacto «con absoluto respeto, entiendo que el acuerdo entre el PSC y ERC se basa en el principio de solidaridad». Imanol Pradales, lehendakari por parte del PNV, también aplaudió una fórmula que «permite avanzar en el autogobierno».

Es decir, el resto de presidentes autonómicos sí entran a fondo en la cuestión. Entre las pistas que viene dejando estos días la vicepresidenta Llamedo está recordar que en cuestiones de financiación la posición del Principado es la pactada con otros siete gobiernos regionales en la Declaración de Santiago y con todos los partidos que la pasada legislatura estaban en la Junta General, excepto Vox. Esos siete otros gobiernos se están oponiendo frontalmente al preacuerdo, igual que los partidos que firmaron aquel acuerdo y siguen en la Cámara asturiana.

Ovidio Zapico, líder de IU-Convocatoria y consejero del Principado, habló a última hora un poco más claro, reconociendo que en el Ejecutivo «nos preocupa el acuerdo al que se ha llegado. Nos aleja del desarrollo de un Estado federal solidario y lo que tiene que ver con mantener el Estado del bienestar».

Desde el PP, Andrés Ruiz, retó al presidente Barbón a que «rompa su silencio» y «deje de ser cómplice de Sánchez». La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, afeó el silencio del presidente y de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra: «Han demostrado una vez más ser unos incongruentes y un fraude para Asturias». Adrián Pumares, de Foro Asturias, reclamó una «respuesta contundente».