Terremoto asturiano por el pacto del PSOE y ERC: el Principado rechaza soluciones bilaterales y la oposición exige contundencia

Quizás para paliar el rechazo al texto, el Ministerio de Hacienda comunicó ayer el importe de las entregas a cuenta que dará a cada comunidad en 2025. En el caso del Principado serán 3.763 millones, un 8,8% más que este curso y suficiente para cubrir la mitad del presupuesto regional.

La confirmación de las cuantías no evitó que el pacto alarmara al resto de gobiernos autonómicos. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta por parte del PP, instó a «parar esta locura»; su homólogo en Castilla y León, Alfonso Mañueco, anunció «una batalla judicial sin precedentes».

Ambos han sido aliados del Principado en debates sobre financiación, pero en esta ocasión el Gobierno asturiano optó por intentar ganar tiempo, amparándose en las primeras horas en que el acuerdo no era público y requería un análisis detallado. El barón socialista Emiliano García-Page ya había puesto el grito en el cielo, igual que el expresidente aragonés Javier Lambán, dos voces habitualmente díscolas con Ferraz. Lo que diga el presidente asturiano, Adrián Barbón, más afín a la dirección, se mira con lupa, como termómetro de hasta dónde puede llegar el malestar dentro de las filas socialistas.

Por la mañana, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, presidenta en funciones hasta que Barbón se reincorpore el viernes de sus vacaciones, mantuvo que «lo prudente es esperar a conocer los términos exactos del acuerdo para poder pronunciarse». También recordó que el Gobierno asturiano «tiene un acuerdo sobre la financiación en el marco de la Junta General con todos los partidos excepto Vox, y también un acuerdo con otras comunidades autónomas, el pacto de Santiago».

La declaración de Santiago, suscrita en 2021 por ocho comunidades, apuesta por una reforma pactada por todos los territorios, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, centrada en definir una cartera de servicios, el coste real de los mismos y a partir de ahí distribuir los recursos. El objetivo es que «todas podamos prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar recursos». Contra el principio de ordinalidad que contempla el preacuerdo ya hubo un pronunciamiento contrario de la Junta General.

Por la tarde, con el preacuerdo ya publicado, el consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez, salió a recalcar que «Asturias tiene una posición clara en materia de financiación», que es la reflejada en ese pacto con los partidos y la de Santiago. Se basa la postura en la defensa de «los principios de solidaridad e igualdad, pensando en los intereses de Asturias», mantuvo Peláez. El pasado mayo el consejero vio con buenos ojos la creación de un «consorcio» entre la Agencia Tributaria y la Generalitat si permitía aumentar la recaudación, pero siempre dentro de un sistema de financiación «multilateral». En la oposición la reacción fue rotunda. Álvaro Queipo, líder del PP, exigió a Barbón actuar con «coherencia» haciendo cumplir la Declaración de Santiago y el acuerdo de la Mesa de Financiación del 2020: «Debe mostrar su verdadero liderazgo como secretario general de la FSA y, si realmente está en contra de lo que supone esta reforma, debe hacer valer el voto de sus diputados nacionales para que no salga adelante. España y Asturias lo merecen».

«Los ocurrido ahora es que un territorio en el que viven más de siete millones de españoles va a tener una financiación absolutamente propia e independiente de los demás, rompiendo la caja común y el principio de solidaridad entre las regiones», sostiene desde Vox el diputado Gonzalo Centeno. «Eso sí, las pensiones catalanas, como las vascas, las pagaremos con los impuestos de todos los españoles», agregó.

Delia Campomanes, desde IU-Convocatoria, reiteró su defensa de «un modelo solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los servicios públicos a la población y no a los territorios». «No estamos de acuerdo con el principio de ordinalidad», mantuvo. La opción de que Cataluña evolucione a un sistema foral, recordó, exige reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), algo que requiere mayoría reforzada y por tanto «es un brindis al sol», estimó.

En Foro Asturias, su secretario general, Adrián Pumares, mostró su estupor: «No soy capaz de entender qué hay de positivo en que, con el único objetivo de lograr el gobierno de una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, se acuerde modificar algo que afecta a todos los españoles: la política fiscal del sistema autonómico».

La diputada Covadonga Tomé, elegida en su día en nombre de Podemos, consideró que «este modelo rompe la solidaridad entre los territorios. No es el modelo que nosotras defendemos, ni el que nos gustaría».