Las ITV asturianas tienen la lista de espera más larga del noroeste, sin huecos antes de 115 días

El tapón es como mínimo de 115 días y para aliviarlo la empresa acaba de formar a cinco inspectores de refuerzo. Su capacidad de ampliar la plantilla está limitada por las normas del sector público, la disponibilidad de profesionales, la formación que les imparte y las medidas de distanciamiento social que debe mantener en sus centros.

Con todo, el retraso contrasta con las provincias limítrofes. En Cantabria, las bases de San Vicente, Ojeda y Laredo dan vez entre el 4 y el 16 de junio. En León, Cistierna admite el 2 de julio y Villablino el 22. En Lugo, hay huecos a partir del 9 de junio. Están gestionadas por empresas privadas con más facilidad para contratar personal y tienen una tasa de suspensos en primera visita más reducida que en Asturias, lo que reduce las visitas y la seguridad.

Todos han enfrentando una congestión inicial por el coronavirus. El estado de alarma cerró las ITV durante ocho semanas, tiempo en el que en Asturias caducaron las pegatinas de unos 65.000 vehículos. El 11 de mayo reabrieron, pero la lista de espera hace que sigan caducando permisos antes de lograr la revisión.

Esas pegatinas no ocasionan multas y tardarán en hacerlo. El Gobierno central aprobó una prórroga común a cada vehículo de un mes tras el último estado de alarma; a ese plazo hay que sumar quince días por cada semana de estado de alarma que haya pasado hasta la fecha que tenía de permiso. Eso supone que si el estado de alarma termina este mes, a quien le caducaba entre el 14 y el 20 de marzo tiene de margen hasta mediados de agosto, por poner un ejemplo.

La prórroga lleva letra pequeña. El nuevo permiso no tomará como fecha de referencia la de la inspección, sino cuando le caducaba originalmente. En el ejemplo citado el conductor que pase el examen en agosto se encontraría con una pegatina que lo habilita hasta marzo. Contra ese recorte ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo el colectivo Automovilistas Europeos Asociados, que entiende la reducción de la vigencia «injustificada» y no basada en razones de seguridad vial.