Los alcaldes apremian al Gobierno a tomar medidas urgentes contra el botellón

Insultos, lanzamiento de botellas contra agentes de la autoridad, multas a centenares. Las noches del pasado fin de semana el cierre obligado de la hostelería a la una de la noche dio paso a un reguero de incidentes por las aglomeraciones de personas que consumían alcohol. Los botellones suponían un problema de basura y ruido antes de la pandemia pero con la covid la cercanía de los participantes y el tiempo que pasan con la mascarilla bajada incrementa el riesgo de contagio.

Válvula de escape y espacio de socialización para sus protagonistas, los intentos por mantener a raya estos encuentros dejan al descubierto otros problemas. De un lado, Asturias es hoy una comunidad con menos agentes. En total Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales reúnen a unos 4.100 efectivos, lo que supone unos 630 menos que una década atrás. Se ha perdido capacidad disuasoria y hay que hacer encajes de bolillos para intervenir con seguridad.

Del otro lado queda la situación de los municipios con más presión turística. El alcalde de Llanes, Enrique Riestra dice tener una policía local dimensionada para una entidad que recauda impuestos entre sus 14.000 vecinos, pero en verano «superamos los 100.000 y en fines de semana como el último, con sol, habría 150.000». Pide, junto a otros homólogos, algún apoyo económico o de personal específico para no ver resentido su capacidad de mantener el orden.

«Tenemos un problema y nuestros recursos no dan para más», confirma Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación asturiana de concejos (Facc). Está hoy citada en la Delegación del Gobierno para una reunión del Centro de Coordinación Operativo (Cecor) en la que participarán los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Formalmente la cita ha sido convocada a petición de la Consejería de Salud, para explicar y aclarar algunos puntos de la nueva regulación del sistema 4+ de restricciones por concejos.

«Aprovecharemos para verbalizar las dificultades que tenemos para hacer cumplir esas exigencias y pedir un mayor esfuerzo», adelanta Pérez. La alcaldesa de El Franco reconoce que en su concejo, Coaña y Tapia hay un policía local para cada uno, «lo que es muy ajustado porque claro, tienen turnos y vacaciones».

Desde el Sipla -uno de los sindicatos de policía local- se ha criticado que los ayuntamientos no hayan contratado más agentes cuando sabían que en 2018 habría una jubilación masiva de ellos. «Todos sabemos muy bien lo que tienen que hacer los demás», responde Cecilia Pérez. «Los procesos de selección tardan son eternos, no puedes tampoco convocarlos con años de adelanto y en concejos como el nuestro no tenemos ni plantilla para los tribunales», indica.

«Nos pasa con los policías locales, pero también con los peones, la ayuda a domicilio, o los conductores, nos llamamos los unos a los otros para ver si alguno tiene una bolsa de ellos», comenta del lado local. Del de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reconoce que «hay cuarteles con plantillas mínimas y todos, ellos y nosotros, hemos hecho un esfuerzo enorme en la pandemia».

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