El Principado paraliza una licencia similar a la de Cerredo en otra mina de Cangas del Narcea

Ayer incidía en esta auditoría interna la propia consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, quien confía en poder encontrar mediante esa investigación una explicación al hecho de que, tras ocho inspecciones a la mina de Cerredo durante los últimos dos años, «nunca se hubiera detectado nada».

Su socio de Gobierno, IU, pidió incluso suspender temporalmente todas las licencias de investigación «similares» a la de Cerredo para «parar y analizar» lo que verdaderamente podría estar ocurriendo en estos yacimientos. La Consejería de Transición Ecológica, por ahora, no ha querido ser tan drástica, pero los técnicos de su departamento están revisando todas las licencias de proyectos de investigación complementario similares a la que había recibido la empresa Blue Solving.

Como consecuencia, el viernes se notificó la suspensión cautelar de la licencia para el proyecto de investigación a la empresa Tyc Narcea, autorizada para realizar trabajos en el interior de la antigua mina de Carbonar (Vega de Rengos), en el concejo de Cangas del Narcea, relacionados con los usos industriales de la antracita. Según fuentes de la consejería, se adoptó esta decisión porque la compañía «no ha podido acreditar» que las labores que está desarrollando en esta mina se ajustan a la autorización recibida. Ahora, en palabras de la consejera, se analizará el proyecto «sosegadamente».

Según pudo comprobar EL COMERCIO, que ha tenido acceso al acta, la empresa que explota esta mina habría superado favorablemente la última inspección el pasado 18 de marzo, tras recibir la visita del jefe de la Sección de Seguridad Minera y de otro ingeniero adscrito a la dirección general de Industria y Minería. Responsables de la compañía mostraron este sábado su sorpresa y malestar al enterarse a través de los medios de comunicación de esta decisión, ya que aseguran no haber recibido comunicación oficial por la vía habitual.

Defienden que todo «está en regla» y que han entregado a la consejería «en tiempo y forma» toda la documentación solicitada, por lo que se reservan su derecho a tomar las acciones legales oportunas por los daños ocasionados. «Recibimos inspecciones cada quince o veinte días. ¿Qué ha pasado en este tiempo?», se preguntan. La compañía tiene permiso para explotar 90.000 toneladas de antracita para usos siderúrgicos, da empleo a 60 personas y es el mayor suministrador de este material de Arcelor.

En relación al conocimiento o no de su departamento sobre el entramado de empresas que habría detrás de Blue Solving, Díaz respondió en TPA que la licencia a esta compañía se concedió porque «cumplía todos los requisitos», actuando conforme a la legalidad administrativa. «No nos corresponde analizar las personas ni las empresas que hay detrás de otras empresas», se excusó.

Por otra parte, la consejera recibió el respaldo del presidente del Principado, Adrián Barbón, después de que Foro Asturias pidiera su cese inmediato por un presunto conflicto de intereses y le acusara de tomar parte en decisiones políticas durante su etapa como directora general de Minería que podrían haber beneficiado económicamente a empresas tanto de su marido como de su hermano.

El presidente recordó que Díaz presentó en su momento su declaración de incompatibilidades e instó al secretario general de Foro y diputado autonómico, Adrián Pumares, a presentar la correspondiente denuncia si cree que la consejera no está actuando acorde a la ley.

Barbón también quiso dejar constancia este sábado en sus redes sociales de su compromiso con las víctimas mortales de la mina de Cerredo. «Como primer presidente del Principado de Asturias que es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y sobrino de mineros, que se haga justicia, ser implacable y llegar hasta el final no son declaraciones, son compromisos de sangre. Y los voy y los vamos a cumplir», aseguró. Prometió a las familias de las víctimas que «su muerte no quedará impune» y dio su «palabra de hijo de minero».