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Cinco mineros murieron el lunes en Cerredo (Degaña), víctimas de una explosión en el piso tercero de la explotación, y ahora la empresa ... que promovía la actividad, Blue Solving, será «chequeada de arriba a abajo», según ha prometido el presidente del Principado, Adrián Barbón. Lo cierto es que ese trabajo conducirá a un historial con indicios de irregularidad diversos y avisos recibidos en el pasado cuya gestión tocará clarificar.
Está el caso del anterior accidente mortal. El 25 de agosto de 2022 Richard Daniel Sander Rodríguez murió en el exterior de la mina al perder el control del dúmper que conducía. El camión volquete se salió de la calzada y acabó estrellándose en la antigua plaza de mina del fatídico piso tercero. La investigación realizada por la Guardia Civil y los técnicos de minas determinaron que el vehículo estaba en muy mal estado mecánico; la empresa alegó que lo tenía inmovilizado para vender y que había dado instrucciones de no utilizarlo. En el vehículo iba un segundo trabajador que resultó herido y que confirmó que recibía órdenes frecuentes de subir con el camión y cargar.
Aquella pesquisa alrededor del dúmper descubrió otra irregularidad. El camión movía en aquel momento 20 toneladas de carbón y su análisis confirmó que procedía de la plaza del sexto piso «de la mina de interior, para la que no existe autorización de explotación encontrándose, como se ha señalado, en proceso de cierre», según recoge el informe de Minas.
«Consecuentemente, dado que existen indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada, procede la inmediata apertura de un expediente informativo que determine de forma fehaciente si se realizó tal actividad extractiva y, en su caso, se señale los efectos legales que sean de pertinente aplicación», concluyeron los técnicos.
En ese momento la explotación corría a cargo de Combayl (Combustibles Asturiana y Leonesa), sociedad vinculada al empresario minero leonés Jesús Manuel Rodríguez Morán. El cúmulo de irregularidades fue tratado a la Comisión de Seguridad Minera, actuando como vicepresidenta de la misma la entonces directora general (y hoy consejera) Belarmina Díaz, secundada por dos funcionarios. La representación del Principado asumió en la reunión que la actuación de la empresa «no es normal». Los sindicatos y los representantes de otras compañías rivales pusieron el grito en el cielo, acusaron a Combayl de ser una mercantil sin solvencia; se discutió si procedía inhabilitarla o cerrar la mina. Uno de los técnicos del Principado comprometió, como conclusión del debate, que las labores estarían paralizadas hasta que se cumpla la legalidad «y que obviamente existirá un control e inspección en profundidad por parte de la Autoridad Minera».
Componer el puzle de Cerredo obliga a revisar otras piezas. El 16 de octubre de 2023 una persona que no se identificó escribió un email al Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Principado. En él advertía de lo que le parecía «una nueva explotación en mina Cerredo». Para ello aportaba dos vídeos que supuestamente grabó entrando en la explotación hasta una bocamina que acababa de ser restaurada y que, según informaba, daba acceso al fatídico piso tercero. Extrabajadores de Cerredo contactados por este periódico confirman que en efecto dicha entrada existía en ese punto y había quedado abandonada. El vídeo del ciudadano evidencia la presencia de maquinaria, madera y la recuperación del acceso.
El ciudadano identificaba al ingeniero de minas al cargo de las labores y aseguraba que «se está explotando sin ninguna medida de seguridad». La respuesta del SAC, un día más tarde, fue confirmar al remitente que su denuncia había sido trasladada al servicio de Minas. Anoche el mismo ciudadano envió un nuevo email al SAC, lamentando el accidente y recordando que él ya había dado el anterior aviso: "¿Desde el Principado de Asturias no se era consciente de los peligros?". Su nuevo correo abunda en que a las instalaciones de Cerredo estaría ahora llegando carbón procedente de explotaciones leonesas que, según asevera, sería mezclado con otro de la propia mina asturiana, para posteriormente sacarlo a venta por el puerto de Gijón. Fuentes próximas al registro del Principado confirman que este segundo correo fue remitido esta mañana al servicio de Minas para su valoración.
A expensas de que el Principado aclare el curso que dio al primer aviso, cabe recordar que semanas antes del supuesto vídeo, el 14 de septiembre de 2023, habrían comenzado las labores de restauración de la mina a cielo abierto, según informó en su momento el Ministerio para la Transición Ecológica. Los trabajos incluían la adecuación del Grupo Cerredo para nuevos usos. Ingenieros próximos a la actuación contactados por este periódico ven compatible la recuperación de esa bocamina con dichos trabajos.
El siguiente episodio en el expediente remite a un cambio de titularidad. Según indicó la Consejería de Transición Ecológica, fue en noviembre de 2023 cuando se produjo el traspaso de la propiedad entre dos familiares. Combayl, de Jesús Manuel Rodríguez, se la traspasó a Blue Solving, sociedad en manos de Adrián Rodríguez, su hijo, al objeto de que una mercantil 'limpia' y sin problemas administrativos pudiera retomar algún tipo de actividad. Entre diciembre de 2023 y abril de 2024 constan tres reuniones de los responsables de Blue Solving con la entonces directora general Belarmina Díaz y el viceconsejero Isaac Pola. En verano habría sido cuando la consejería autorizó a Blue Solving adentrarse de nuevo en la mina subterránea, con un permiso en el piso tercero que caducaba el próximo día 11 y permitía solo retirar material minero (carril, cuadros eléctricos y chatarra) y otro para que investigara si en la planta segunda o primera había carbón susceptible de convertir en grafito.
Dos apuntes más sobre la familia Rodríguez. Desde hace años este grupo empresarial mantiene un conflicto con Victorino Alonso, quien supuestamente estaría impidiendo el acceso de los Rodríguez a minas y bienes antes explotados por el que llegó a ser el mayor empresario del carbón y que ha terminado condenado a prisión por explotar una mina sin tener permiso para ello. A consecuencia de uno de esos enfrentamientos existe un movimiento de carbón desde explotaciones leonesas a las que los Rodríguez han logrado acceder pese a los obstáculos puestos por trabajadores a los que se relaciona con Victorino Alonso; fuentes próximas al caso aseguran que en efecto ese material se estaría llevando a las naves exteriores de Cerredo para acopiarlo, saliendo a la venta una parte del mismo a través del puerto de Gijón.
Sobre Jesús Manuel Rodríguez Morán pesa además que fue detenido en la 'Operación Alivabaria', acusado de intentar introducir 390 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de carbón que llegó al puerto de Gijón.
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