Accidente de la mina de Cerredo: habrá comisión de investigación parlamentaria «caiga quien caiga»

Si el domingo era el socio de gobierno y líder de Convocatoria por Asturias-IU, Ovidio Zapico, quien reclamaba que se sustancien todas las responsabilidades, «judicial, administrativa y política» sobre este caso, esta mañana la primera en convocar a la prensa para anunciar la presentación de una solicitud de comisión parlamentaria de investigación fue la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, tras «un fin de semana de análisis en el seno de nuestra organización».

A esa conclusión llegó el equipo de Tomé después de que la consejera de Transición Energética e Industria, Belarmina Díaz, compareciese en la Junta General para dar explicaciones sobre el accidente de Cerredo, una comparecencia que sólo fue respaldada por los diputados socialistas, mientras que Zapico la calificaba ayer de «fallida», en el epítome más suave que desde los grupos parlamentarios se le dedicó.

Esta mañana, apenas hora y media después de la rueda de prensa de Tomé, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, y el secretario general de Foro, Adrián Pumares, comparecieron de forma conjunta ante los medios para anunciar que sus dos partidos también van a registrar «en las próximas horas» su propia solicitud de creación de la comisión de investigación (ya presentada ante la Junta General), aclarando de paso que será una solicitud que no colisionará con la de Tomé, «porque lo importante es que se constituya y que sepamos la verdad de lo que lleva ocurriendo años en la Consejería de Industria (de Transición Ecológica)».

Porque tanto Queipo como Pumares, por una parte, creen que la gestión efectuada desde la consejería y la dirección general de Minas sobre los restos de minería de carbón que persisten aún en Asturias ha sido, cuando menos, deficiente, a lo largo de los últimos años, al punto de que ambos hicieron referencia ya no sólo a Belarmina Díaz, sino «a los anteriores consejeros, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández» (hoy presidenta de la Autoridad Portuaria de El Musel y presidente de Hunosa, respectivamente).

Es más, pese a las críticas a Belarmina Díaz por su actitud durante la comparecencia del viernes (ambos la situaron entre las escenas menos constructivas vividas en la Junta General en los últimos años y la tildaron de «falta de respeto al Parlamento y a la memoria de las víctimas»), también afirmaron ser «plenamente conscientes de que puede ser que Belarmina Díaz no tuviese más información que la que trasladó. Parece que no sólo ella ha tenido protagonismo o un papel en todo lo que está ocurriendo y ha estado ocurriendo en esa consejería, un problema que todo apunta a que es endémico».

Eso tiene una implicación directa. En los últimos días se ha estado especulando en los ámbitos políticos regionales sobre si Belarmina Díaz dimitiría, sería cesada o no, y sobre cuándo ocurría tal circunstancia. Se le preguntó a ambos si un hipotético cese o dimisión de la consejera podría detener la constitución de la comisión de investigación parlamentaria. Y ambos fueron contundentes. Pumares lo expresó con cierta vehemencia, de hecho, al anotar que «el objetivo claro de esta comisión es averiguar qué diablos está pasando en la Consejería», en la que «ocurren cosas muy raras», que en el caso de Cerredo se sustancian en que «los mismos ya condenados por otras extracciones ilegales y que tuvieron un accidente mortal en su mina en 2022 hayan pasado meses sin tener una inspección y hayan tenido en un mes un permiso que para cualquier otro tarda mucho más».

Dada la implicación que ambos atribuyen ya no sólo a la actual consejera -que fue directora general de Minas hasta su nombramiento al frente de la consejería- sino también a los anteriores consejeros del ramo, Queipo indicó que «cada minuto que Belarmina Díaz siga al frente de la consejería, más cómplice será Adrián Barbón. No es el caso Blue Solving, sino el caso Belarmina Díaz respaldada por la FSA, y Barbón está usando a Belarmina Díaz como cortafuegos».

Por todo ello, estiman que el objetivo de la comisión de investigación tiene que ser «chequear lo que ocurrió con la empresa minera, pero también en la Administración del Principado de arriba abajo. Señor Barbón, caiga quien caiga».

Por su parte, Vox dio esta mañana la «bienvenida» a todas las fuerzas políticas «al sentido común» de pedir una Comisión de Investigación sobre lo sucedido en Cerredo. Así lo indicó la diputada Sara Álvarez Rouco , que recordó que su partido lleva «desde el minuto cero, desde el primer momento» -hace dos semanas- reclamando dicha Comisión.

Eso sí, avanzó que «no vamos a dar un cheque en blanco, queremos una comisión real de investigación, transparente, que no sea un trampantojo y que sirva para resolver las incógnitas y las sombras y depurar las responsabilidades tanto penales como administrativas y políticas».

«Nos llamaban irresponsables -continuó Álvarez Rouco- cuando fuimos los primeros en solicitarla, ahora decimos que no se puede hacer política barata, como dice Barbón, y si hay una comisión de investigación es para depurar todo tipo de responsabilidades».

Además, dl diputado nacional por Asturias y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, presentó en el Congreso una batería de preguntas sobrelas subvenciones concedidas por parte del Instituto para la Transición Justa a la concesionaria de la mina y por los permisos concedidos para llevar a cabo su actividad.

«Según se ha publicado, la delegada del Gobierno en Asturias explicó que la mina de Cerredo contaba con dos autorizaciones de investigación pero no tenía permiso para trabajar en la planta en la que se produjo la explosión que costó la vida de cinco mineros», argumenta en su escrito el diputado asturiano, para añadir que «el pasado 23 de septiembre la mina fue sometida a una inspección que concluyó que contaba con los permisos necesarios para llevar a cabo los trabajos de investigación que se estaban realizando en ella».

Pese a lo anterior, alega que «diversos mineros asturianos denunciaron múltiples negligencias en una mina que, hace menos de un año, recibió casi un millón de euros del Instituto para la Transición Justa, presidido por Sara Aagesen, actual vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».

Volviendo al PP y Foro, la crítica no es sólo a las responsabilidades políticas. También a las formas y al uso de un discurso muy concreto. La referencia a la expresión que desde el mismo día del accidente viene haciendo Barbón sobre la búsqueda de responsabilidades ('caiga quien caiga') venía hoy particularmente cargada. Explicó Queipo que no es de recibo que el presidente esté «usando los sentimientos de los ciudadanos de forma torticera», en referencia a que en sus discursos sobre Cerredo de estas dos semanas siempre ha aludido a la memoria de su familia, a sus abuelos mineros y al sentimiento de la comunidad minera. «Mi abuelo también llegaba a casa con las manos manchadas de carbón, transportaba carbón entre Vega de Rengos y la central de Soto de la Barca y murió de cáncer de pulmón, que seguramente tendría relación, pero ¿tenemos que sacarlo a la luz para tener crédito? Es una vergüenza el uso de ese sentimiento minero impostado, de la misma forma que es decir que todo esto es un complot de las derechas. Barbón se escuda en una pantalla de sentimientos totalmente prefabricados y en palabras huecas», dijo el presidente del PP asturiano, a lo que contrapuso que «nosotros queremos saber lo que ocurrió en Cerredo, para que no mueran más mineros en Asturias».

Mientras Tomé daba su rueda de prensa y la de PP y Foro se iba gestando, el Gobierno del Principado celebraba su consejo de gobierno semanal, que últimamente se ha pasado en varias ocasiones del viernes habitual a los lunes. En la Junta General lo que más interesaba, como se escuchaba en los corrillos, era saber si Ovidio Zapico iba a asistir o no a este consejo, tras faltar al anterior y después de sus duras palabras de ayer, que siguen dejando en el aire su respaldo ya no sólo a la consejera de Transición Ecológica, sino el propio equilibrio del Gobierno de coalición.

Primera duda. Afirmativo. Ovidio Zapico acudió al consejo de gobierno. A la salida, en conversación con EL COMERCIO, ratificó que la decisión de Convocatoria por Asturias-IU sobre si apoyará la creación de la comisión de investigación se adoptará «el próximo martes, 22, en el seno de la reunión de la Colegiada del partido», que se pasa del lunes al martes «porque el lunes es festivo en Avilés.

Segunda duda. O algo. La parte socialista del Gobierno se mantiene en su posición. Al ser consultado sobre la solicitud de Tomé y su petición «a los grupos progresistas» para que la apoyen, el consejero de Hacienda y portavoz, Guillermo Peláez, respondió cuestionando que Tomé tenga el «respaldo de nueve diputados» (se necesitan diez para solicitar una comisión de investigación, o que la pidan dos grupos parlamentarios) y reiterando el «absoluto compromiso con las familias para que se esclarezcan los hechos y se depuren las responsabilidades caiga quien caiga». Sí, usó la expresión.

Pero la visión del PSOE es diferente. Según Peláez, la comparecencia de Belarmina Díaz del pasado viernes «aportó todos los datos». Así que, en su opinión, habría sido satisfactoria desde el punto de vista parlamentario. Dicho esto, el portavoz del Gobierno recordó que «nos vamos a personar en el caso contra Blue Solving en los juzgados de Cangas del Narcea», y reiteró que se reforzará a dicho juzgado con un juez y varios funcionarios para esta causa. Para que vaya rápido, «porque la rapidez también es justicia».

También recordó el consejero que la «Inspección General del Principado ha iniciado una inspección absolutamente independiente en los servicios de Minas, y hay que recordar que la inspección la componen funcionarios muy buenos y con mucho prestigio, cuyos informes siempre tienen consecuencias y a los que se les hace caso en sus recomendaciones sobre cómo mejorar los servicios».