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Carlos Benito
Martes, 28 de noviembre 2017, 14:16
El abogado de tres de los miembros de 'La Manada' ha defendido esta mañana la inocencia de sus representados, acusados de violar en grupo a una joven madrileña en los sanfermines del año pasado, y ha achacado buena parte de las pruebas en su contra ... al juicio paralelo al que han sido sometidos «en las calles, los mercados, los medios de comunicación, incluso en los parlamentos y centros de poder», al que se ha referido como «la caza de 'La Manada'». El letrado Agustín Martínez, a quien ha correspondido abrir la sesión de conclusiones de las defensas, ha sostenido que las relaciones sexuales mantenidas en un portal de la calle Paulino Caballero, en Pamplona, fueron consentidas. «Mis clientes no son modelo de nada, en muchos aspectos pueden ser verdaderos imbéciles. En sus conversaciones privadas pueden ser patanes infantiloides, básicos, primarios, pero su imagen ha sido destrozada y sus nombres vilipendiados sin haber cometido el delito del que se les acusa», ha concluido su exposición.
Martínez, encargado de la defensa de José Ángel P., Jesús E. y Ángel B., no escatimó críticas a agentes de policía, peritos, otros abogados e incluso al juez de instrucción por haberse plegado al clima de opinión y su condena a priori: «Qué mejor que cinco sevillanos, un militar, un guardia civil, un gordito ultra tatuado», llegó a decir, retratando a los acusados como víctimas. Según el abogado, estamos ante un caso de «derecho de autor, con toda la investigación destinada a buscar elementos que confirmen la agresión sexual». Así, acusó a los policías de «haber reconocido sin pudor y hasta con altanería acciones de dudosa legalidad», culpó a la abogada de oficio del retraso en tomar declaraciones a los acusados y reprochó a los peritos de las acusaciones «el pecado original» de la «parcialidad». Ni siquiera la víctima, que en el momento de los hechos tenía 18 años, se libró de estas atribuciones: según Martínez, con «absoluta ausencia de aflicción», su comparecencia ante la sala «estaba contaminada por el conocimiento del propio sumario» y se refería a «tres lugares comunes, que son el sometimiento, los ojos cerrados y el shock, los empleados por la Policía Foral en su informe».
Sobre los vídeos, Martínez afirmó que «de las imágenes no se puede extraer la existencia de ningún tipo de agresión sexual, más bien al contrario». El abogado comparó las grabaciones con «una película porno» y entró a rebatir algunas afirmaciones de los delitos: «Parten de curiosísimos criterios, como que una relación con los ojos cerrados no puede tener carácter voluntario. No es lo habitual realizar felaciones con los ojos abiertos», informó al tribunal. En los gemidos que se escuchan, el letrado ve claras muestras de «una relación sexual consentida y placentera», y en la foto donde la denunciante practica un beso negro a uno de sus representados encuentra «una evidente actitud proactiva».
El abogado, que solicitó la absolución de sus representados y su inmediata salida de prisión, ha achacado a las acusaciones un sesgo en su interpretación de lo ocurrido: «Nada de lo que ustedes crean, piensen o elucubren tiene que ver con los hechos. Que una determinada persona, por su edad o su ideología, no entienda que una chica de 18 años quiera realizar una fantasía sexual, aunque luego se arrepienta, no significa que eso no se haya podido producir. Dejemos los prejuicios fuera de la sala».
1. La Fiscalía dio ayer por «acreditado» que los imputados actuaron de forma «conjunta y coordinada», sin el consentimiento de la víctima, que se vio «sometida» y «sin posibilidad» de resistirse.
2. De igual forma, el Ministerio público ha considerado probado que también concurrió un delito contra la intimidad por los vídeos que grabaron los acusados, y que todos ellos son culpables del robo del móvil de la joven, acto con el que la dejaron «indefensa».
3. La fiscal, Elena Sarasate, manifestó ayer que la joven sufrió una «intimidación gravísima» que la impidió «resistirse, defenderse o huir» de «la auténtica ratonera» que es la parte del portal donde se produjeron los hechos. También recalcó que la cuadrilla hizo valer su «superioridad física» para someter a la chica, que en los vídeos aparece en todo momento «como una mujer utilizada» y en situación de inferioridad, a cuatro patas, en cuclillas o arrodillada.
4. La Fiscalía mantiene su petición de 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno de los procesados, que la acusación particular ha elevado hasta 24 años y 9 meses y las populares, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, hasta casi 26 años.
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