El Juzgado envía la carta de desahucio a diez familias de La Camocha

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, encargado de gestionar la liquidación de Mina La Camocha, ya ha procedido al envío de una carta a diez vecinos del poblado minero en la que les comunica que deberán desalojar sus casas de manera inminente. Estas diez familias se corresponden con los inquilinos que, tras mantener diversas reuniones con el juez encargado del caso e, incluso, con la propia administración concursal, no han podido acreditar su derecho a una ocupación legal de esos inmuebles.

El poblado minero de La Camocha consta actualmente de 37 viviendas, en su mayoría ocupadas por antiguos mineros y sus familias. En su día, Mina La Camocha firmó el arrendamiento de estas casas a sus trabajadores con carácter vitalicio, un acuerdo que tanto el Juzgado como la administración concursal están obligados a respetar. Sin embargo, en los últimos años algunas de esas viviendas han sido ocupadas por inquilinos que no se adhieren a los términos pactados, y que por tanto, deben renegociar las condiciones de arrendamiento originales, la cuales no les incluyen.

En este grupo es donde se ubican estas diez familias en vía de desahucio. Una medida legal tomada por la administración concursal tras dar por cerrada la negociación de venta ofrecida a los vecinos, y que estos descartaron al considerar que el precio establecido para cada vivienda era muy superior al precio real de mercado.

En su día, el Juzgado ya emitió un comunicado en el negaba que hubiese existido cualquier tipo de falta de información a los arrendatarios y recordaba que la administración concursal «simplemente se ha limitado a cumplir estrictamente con la ley concursal, como es su cometido». Por su parte, desde la propia concursal descartan cualquier tipo de interés presuntamente lucrativo, «como así se puede desprender de otras maniobras o manifestaciones de partes interesadas».

Desde el movimiento vecinal afirman no haber recibido todavía ninguna notificación de desalojo inminente, aunque no descartan hacerlo en los próximos días. Sin embargo, su intención es mantener la presión ejercida en los últimos meses, a raíz de que se precipitase la situación.

Una línea de acción que se completará el próximo miércoles 13 de mayo, cuando participarán en el pleno municipal para solicitar la ayuda de los grupos municipales de cara a conseguir una mejora de las condiciones que propone la administración concursal.

Algo que se suma a la reunión mantenida con la alcaldesa Carmen Moriyón y el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, y en la que el Ayuntamiento se comprometió a analizar la situación y valorar una posible intervención.

La entrega de estas notificaciones volverá presumiblemente a agitar la situación.