41 familias de La Camocha se enfrentan al desahucio por el proceso concursal de la mina

El 14 de marzo, 41 vecinos del poblado minero de La Camocha empezarán a recibir la carta en la que se les comunicará que deben abandonar sus pisos para que éstos sean subastados a petición de la administración concursal. Esta es la realidad y el desenlace de las deudas que en su día contrajo Mina La Camocha y que ahora pagarán los antiguos trabajadores del pozo.

La preocupación ya había llegado al poblado de La Camocha en 2010, cuando a los vecinos afectados se les comunicó que sus casas, las que en su día les arrendó Mina La Camocha, estaban incluidas en los activos de la compañía minera con los que contaban los administradores judiciales para liquidar las deudas contraídas con los acreedores.

En aquel momento, varios peritos contratados por el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo se desplazaron al poblado para realizar una tasación de las viviendas, cuyo precio de mercado consideraron que oscilaba entre los 90.000 y los 100.000 euros. Por entonces ya se adivinaba un proceso largo, con gran cantidad de gestiones entre las partes afectadas y con una resolución que se alargaría en el tiempo y que los vecinos confiaban en que les fuese favorable.

Sin embargo, ocho años después de aquello el proceso llega a su fin y el por entonces posible desahucio es ahora una realidad con nombres y fechas concretas. Los vecinos del poblado minero recibirán una carta notificándoles la inmediatez del desahucio, ya que, pese a tener prioridad de compra, para unos inquilinos cuya media de edad ronda los 80 años afrontar el pago que la concursal les pide por mantener su vivienda resulta prácticamente imposible.

Para evitar un acontecimiento de tal gravedad, la Asociación de Vecinos de La Camocha trabaja a contrarreloj en busca de posibles soluciones que permitan a los habitantes del poblado continuar viviendo en sus casas de más de media vida. «Vamos a agotar todos los cartuchos antes de ir a la guerra», advierte la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de Gijón, que está prestando todo su apoyo a los afectados.

Lo que tanto la FAV como la entidad vecinal de La Camocha se afanan en remarcar es que «bajo ningún concepto nadie va a tener que salir de su vivienda», para lo cual se encuentran buscando apoyos que les permitan plantar cara y negociar con la administración concursal, de la que critican «la excesiva dureza» ejercida por sus responsables. «Esta gente no entiende de nada, dicen que tienen que pagar a acreedores como pueden ser Seguridad Social o Hacienda», se quejan desde la asociación de vecinos.

Entre los afectados por esta situación están las viudas de los mineros que trabajaban en el pozo o los hijos de éstos, a los que hace más de treinta años Mina La Camocha ofreció la posibilidad de comprar las viviendas y convertirse en propietarios. El precio que pidió entonces la compañía minera fue de 800.000 pesetas (4.808 euros) que los vecinos consideraron excesivo alegando que el valor de las viviendas se debía en gran medida a las reformas y arreglos que ellos habían realizado a lo largo de los años y sin los cuales los edificios no se mantendrían en el estado en el que se encontraban.

Antes de sacar a venta los inmuebles, la administración concursal concede a los inquilinos una preferencia de compra que les antepone a otros posibles compradores. No obstante, tal y como afirman desde la asociación de vecinos, «es imposible» que puedan hacerse cargo de ese importe. «La mayoría de los que están viviendo en las casas son pensionistas, por lo que cobran una mierda. ¿Cómo van a pagar 90.000 euros personas que cobran 400 al mes», se pregunta su presidente, Herminio Torre, a la vez que avisa de que en caso de no lograr solucionarlo a tiempo tomarán algún tipo de medida de fuerza para que el desahucio no se lleve finalmente a cabo.

Otra vía de pago a la que se comprometió en su día el juez que lleva este asunto era que, en caso de que los inmuebles saliesen a la venta y no hubiese ningún posible comprador interesado, los actuales inquilinos podrían adquirir en propiedad las viviendas por la mitad del precio de mercado. Sin embargo, esto sigue pareciendo excesivo a los vecinos, que ponen en duda que el precio marcado por los peritos se ajuste a la realidad de sus domicilios. «Ni siquiera la mitad del precio fijado refleja el valor real de nuestras casas», aseguran.

La aparente imposibilidad de actuación por parte de estas 41 familias que llevan toda una vida en La Camocha dibuja un panorama cuanto menos desolador. Sin embargo, desde la federación vecinal confían en desbloquear la situación y conseguir una solución favorable a estos afectados.