Riopedre, condenado a seis años de cárcel, Marta Renedo a nueve y Otero a nueve años y medio

La Audiencia Provincial acaba de comunicar el fallo de la sentencia del 'caso Renedo', la mayor trama de corrupción que llega a juicio en Asturias. Los magistrados han condenado al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre como autor de delitos continuados de prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y cohecho. Por todos ellos le impone una condena de seis años de prisión. La mayor sanción recae sin embargo en quien era su 'número 2' en la consejería, María Jesús Otero, a quien se castiga con nueve años y medio de privación de libertad, una pena muy próxima a la que proponía la Fiscalía.

Finalmente los magistrados entienden que los hechos que afectan a la exdirectora general de Consejería de Educación son de una entidad criminal más grave que los relacionados con la funcionaria Marta Renedo. La exjefa de servicio que dio nombre al caso salda el proceso con una condena de nueve años de prisión. Cuando el caso salió a la luz pública, los tres pasaron ya una temporada encerrados en prisión provisional, un tiempo de encierro que ahora se les descontaría en caso de cumplir efectivamente las penas fijadas.

Distinta es la situación de los empresarios que gozaban de trato de favor en Educación. Víctor Manuel Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez, líderes de las ya quebradas Igrafo y APSA respectivamente, son condenados a seis años y seis meses de prisión. Al segundo le constan antecedentes penales, al haber sido ya condenado en un proceso paralelo por defraudar a la Agencia Tributaria, circunstancia que ahora complica su futuro penal.

Antonio Azorín, el empresario que dio trabajo al hijo del consejero y que recibía instrucciones de Víctor Muñiz ha sido condenado a un año de cárcel, mientras que Maximino Fernández, que colaboró con Marta Renedo en una operación de desvío de fondos, termina con un año y nueve meses. La nómina de condenados la cierra Francisco Javier Juárez, trabajador del Ayuntamiento de Mieres al que se le impone cinco meses de multa por un delito de cohecho.

La Sección Tercera ha decidido absolver de todos los cargos a los trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo Paz Pendás, Isaac Ovies y José Villa, al arquitecto del Ayuntamiento de Avilés Braulio Iglesias, y al trabajador de la Universidad de Oviedo José Manuel Blanco. En total, el caso, que superó los 40 imputados, termina con un fallo que condena a ocho procesados y absuelve a otros cinco.

Finalmente la Audiencia Provincial ha decidido comunicar hoy el fallo, y dejar para el jueves que viene la entrega de la sentencia íntegra, lo que demora el conocimiento de cuáles son los hechos que los magistrados dan por probados y los argumentos que sustentan sus conclusiones. No es la única decisión que queda pendiente. El fallo reconoce que Marta Renedo, María Jesús Otero, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez han de resarcir al Principado de los perjuicios causados, pero lo harán en un importe "a determinar en ejecución de sentencia". Es decir, por ahora los magistrados no ponen cifra a esa factura.

Sí se concreta ya las multas que corresponden a los delitos citados. José Luis Iglesias Riopedre ha sido condenado al abono de una multa de 400.000 euros, Otero hará lo propio hasta los 2,5 millones, Víctor Manuel Muñiz afrontará multa de 1,5 millones mientras que a Alfonso Carlos Sánchez esa suma se le eleva hasta los 1,9 millones. La sanción para Renedo es de 480.000 euros.

En total la Audiencia resuelve la trama del 'caso Renedo' imponiendo penas de cárcel que en global pasan de los 40 años, multas que suman más de 6,78 millones de euros, todo ello sin considerar las indemnizaciones al Principado.

Dos son las víctimas identificadas por los crímenes que se le reprochan a Marta Renedo: Azucena V. y María Teresa P. La primera es una madre gijonesa que tuvo problemas con el Fisco debido al dinero que la funcionaria movió a su nombre. Ella fue quien puso la denuncia que permitiría destapar la trama. Como compensación por los perjuicios, la Audiencia ordena a la funcionaria que le abone 2.781,63 euros, de los que 2.000 corresponden a los daños psicológicos y morales y el resto a los costes que sufragó en concepto de abogada y procurador. María Teresa P., por su parte es la hija de Severina Blanco, mujer que también tuvo problemas con Hacienda por la cuenta que usurpando su identidad abrió Marta Renedo, y que falleció sin saber quién la había metido en ese lío. Como compensación la sentencia ordena a la funcionaria que le pague 2.000 euros. El Principado, en tanto que empleador de Renedo y responsable de su trabajadora, deberá abonar dichas reparaciones en caso de que la condenada no tenga capacidad económica para ello.