Cronología del 'caso Renedo'

Siete años después de iniciarse la investigación del mayor caso de corrupción destapado en Asturias, el 'caso Renedo', hoy se ha dado a conocer la sentencia. Trece personas fueron procesadas, entre ellas altos cargos de la Administración del Principado como el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, su número dos, María Jesús Otero, y a la exjefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés.

El 3 de febrero de 2010 una mujer pone una denuncia en la comisaría de Policía de Gijón al conocer que alguien estaba suplantando su identidad para gestionar una cuenta corriente en la que guardaba casi 100.000 euros. En su denuncia deja una relación de nombres de personas a las que acusa de cometer los delitos. Entre ellos, el de la funcionaria Marta Renedo Avilés. Dos semanas después, el día 17, el Principado cesa a la funcionaria y al día siguiente la denuncia por irregularidades en contratos públicos. La clave está en una inusual acumulación de contratos menores (inferiores a 18.000 euros). La mayor parte de esos contratos son a favor de la empresa Implans Mounts S. L., cuya única socia y administradora es Marta Renedo, jefa de servicio de Procesos Administrativos del Principado y encargada de tramitar los contratos sospechos. Hasta febrero de 2010, la funcionaria había adjudicado 663.000 euros a su propia empresa. No solo eso. Había creado una red de cuentas fraudulentas para ocultar sus ingresos haciendo uso del acceso que tenía de todos los datos dersonales de los asturianos. Llegó a crear tres libretas bancarias con los datos de tres mujeres. Saltan las alarmas.

La Policía Judicial detiene al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, a su número dos, María Jesús Otero, que fue directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras de dicha consejería, y a la exjefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés, en una operación por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos. También fueron arrestados los responsables de las empresas Igrafo Comercial Asturiana de Papelería, en Oviedo, y Almacenes Pumarín, de Gijón, las otras dos empresas que, junto a Implans Mounts S. L., se sospecha que están implicadas y con las que María Jesús Otero tenía relaciones mercantiles.

Un día después de ser detenido, el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre declara ante la jueza asegurando que la adjudicación de obras de menos de 18.000 euros estaba delegada en la Dirección General de Plaificación, Centros e Infraestructuras o en la Secretaría General. Niega que fuera habitual llevar a cabo adjudicaciones arbitrarias y sin concurso a Igrafo y Almacenes Pumarín y también dice que no ha recibido donaciones de particulares ni ingresos distintos a los declarados por Hacienda. Aún así, y tras dos horas declarando, la jueza le imputa de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios.

María Jesús Otero y Marta Renedo ingresan en prisión tras varias horas de declaración ante la jueza. Durante ese tiempo, tuvieron que escuchar algunas de sus conversaciones telefónicas grabadas durante la investigación y que contradecían sus respuestas. Al día siguiente declararían los dos empresarios detenidos, que no respondieron ni a las preguntas del fiscal ni a las de de otros abogados. Ambos quedaron libres tras el pago de una fianza de 300.000 euros.

La jueza Ana López Pandiella, quien en ese momento llevaba la investigación del caso, quiere saber si el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre daba instrucciones directas a sus colaboradores o a las adjudicatarias para que continuaran adjudicando algunos encargos a Geogal, la empresa de su hijo Ernesto Iglesias. En ese momento, las investigaciones siguen bajo secreto de sumario en el juzgado de Instrucción número 4 de Gijón.

A partir de las investigaciones sobre la exjefa de servicio Marta Renedo, el Cuerpo Nacional de Policía tira del hilo en la investigación de las filiales de Almacenes Pumarín S.A. y la red se extiende a ocho provincias más. La jueza Ana López Pandiella solicita magistrados de apoyo para continuar.

El exconsejero abandona el penal asturiano tras haber abonado una fianza de 100.000 euros exigida por la Sección Octava. Han sido 41 días en prisión, en los que se han sucedido los recursos judiciales y la polémica, que llevó incluso a la Fiscalía a solicitar un chequeo médico en el que los especialistas concluyeron que, si bien su salud es precaria, no empeoró durante su estancia en la cárcel.

La investigación la abrió en enero de 2010 la magistrada-juez Ana López Pandiella pasa a manos de Ángel Sorando. En agosto, al marchar de vacaciones, se hizo cargo temporalmete el magistrado Francisco Javier Rodríguez Luengo. En manos de la jueza Ana López Pandiella permaneció hasta el pasado el 8 de abril. Ese día, la Sección Octava de la Audiencia Provincial decidió apartarla del caso, que pasa a un juzgado de Oviedo, por ser el lugar donde se habrían cometido la mayor parte de los presuntos delitos investigados. Lo hizo atendiendo los recursos presentados por la Fiscalía y por cuatro de los cinco abogados de la defensa -todos, menos el del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre-.

El juez de Instrucción número 2 de Oviedo, Ángel Sorando, levanta el secreto de las actuaciones en el 'caso Renedo'. Los imputados respecto a los cuales levanta el secreto son el exconsejero José Luis Iglesias Reopedre, la exdirectora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Principado María Jesús Otero, la funcionaria Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, propietario de la empresa Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín. Mantiene el secreto respecto a las denuncias ya desglosadas y entiende que el conocimiento por las partes del contenido del sumario al que pueden acceder no perjudicará la investigación.

Justo un año después de haber 'heredado' la causa de la jueza Ana López Pandiella, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Ángel Sorando solicita formalmente ser apartado de la causa tras haber sido sancionado por una falta leve por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Su petición obliga a echar el freno a un trabajo que él mismo estimaba tener finalizado en mayo, si bien es cierto que la abundante actividad en curso y la extensión del caso, con nuevos imputados -hasta sumar 14-, hace que éste esté muy avanzado.

Se prolongó durante un año y acogió sesenta comparecencias, pero la comisión de investigación parlamentaria del 'caso Renedo' logró un dictamen final. Todos los partidos salvo el socialista aprobaron un informe que, en 68 páginas, intenta describir qué pasó en la mayor trama de corrupción destapada en Asturias, quiénes son sus responsables y cómo se podría evitar un caso similar. Mediante el dictamen, la Junta General reprueba a ocho altos cargos de la Administración de Vicente Álvarez Areces, entre los que se cuentan el propio expresidente, tres exconsejeros, tres ex directores generales y un secretario general técnico. La responsabilidad se centra así en las consejerías de Educación de 2003 a 2010, Cultura en el periodo 2003-2007 y Administraciones Públicas (2007-2010). Las dos últimas estuvieron dirigidas por Ana Rosa Migoya y en ellas concluye la comisión que se dieron irregularidades «a consecuencia de haber instrumentado unos mecanismos de control interno de carácter puramente formalista y burocrático». Un sistema de control interno «eficaz debería haber descubierto o imposibilitado de manera anticipada la operativa de fraude utilizada por la funcionaria» Marta Renedo.

El magistrado Ángel Sorando Pinilla firmó el auto que declara concluso el sumario del 'caso Renedo', la mayor investigación de corrupción realizada en Asturias. La decisión pone punto final a la fase de diligencias previas e inicia la preparatoria del juicio oral o intermedia, cuya competencia corresponde ahora a la Audiencia Provincial. Los juristas consultados estiman que con los trámites que aún restan por sustanciar pasarán entre cinco y diez meses antes de que los acusados se sienten en el banquillo y dé comienzo la vista oral. Con el auto de conclusión el instructor da por terminado su trabajo y lo hace dos años y seis meses después de haber recibido un caso abierto por su colega la magistrada-juez gijonesa Ana López Pandiella. Cuando el sumario llegó a Oviedo, el 16 de abril de 2011, estaba formado por 65 tomos, dos piezas separadas y cinco imputados. Bajo la dirección de Sorando el asunto llegó a sumar más de cuarenta imputados, ha pasado del tomo ochenta y propició un rosario de piezas separadas por los juzgados de la región.

Marta Renedo recurre ante el Tribunal Supremo. Solicita que su proceso se lleve al margen del de Iglesias Riopedre y que sea un Tribunal del Jurado quien dictamine su presunta culpabilidad. La Audiencia Provincial rechazó la petición. El Supremo lo ratifica en el m es de noviembre y da luz verde a la apertura de juicio oral.

El juicio del 'caso Renedo' arranca en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias. Lo hace seis años después de que se iniciasen las investigaciones de lo que sería la mayor trama de corrupción que conoce el Principado. Trece procesados, entre ellos el exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en el departamento de Educación, María Jesús Otero, se sientan en el banquillo. Se enfrentan a una penas que suman 57 años de prisión.

Las más de cuarenta sesiones de este macroproceso incluyeron la citación de cerca de 180 testigos. Una de las más destacadas, que desató la polémica a la esfera política, fue la esposa del expresidente Vicente Álvarez Areces. Soledad Saavedra fue designada en febrero de 2000 como jefa del área de Formación Profesional en el Instituto Adolfo Posada y siempre mantuvo que su citación era fruto de un «error» derivado de la documentación que remitió el Principado.

A medida que avanzaba el juicio, se conocían nuevos documentos que arrojaban luz sobre lo ocurrido en relación al caso de presunta corrupción que salpicó a la Consejería de Cultura. Uno de los materiales más contundentes fueron las grabaciones realizadas por la Policía durante la la investigación. Fueron más de ochenta conversaciones.

Después de cuatro meses de sesiones, el juicio del 'caso Renedo, queda visto para sentencia. Declararon cerca de 180 testigos, que ofrecieron su versión para tratar de desenmarañar el mayor caso de corrupción destapado en Asturias. La fecha de publicación del fallo se anunció en verano de 2017.