El preso 'resucitado' en Asturias entró en prisión por robar chatarra valorada en 3,6 euros

La empresa presentó un informe valorando aquel botín de veinte kilos de chatarra. Dado que en ese momento la sociedad los despachaba a 0,18 euros el kilo, la cuenta era fácil. «De conformidad con los datos aportados, la valoración de lo sustraído sería de unos 3,60 euros», concreta el documento. La indemnización que podía lograr era inferior a los posibles costes de pleitearla, por lo que Capsa rehusó emprender acciones legales.

La cuantía del golpe contrasta con los dos años de cárcel. Sin embargo, con el Código Penal en la mano, esa era la condena mínima posible dada la calificación jurídica de unos hechos que se remontan al 6 de noviembre de 2012. A las 14.45 horas y según la sentencia, Gonzalo estaba en Granda y «saltó el muro perimetral» de la empresa, «a la altura del portón de la vía del tren y de una altura de 210 centímetros».

El dato es clave. La ley entiende que «robo con fuerza en las cosas» es, entre otros, aquel en el que se produzca un «escalamiento». Es decir, basta saltar un muro para entrar en este ílicito. La «fuerza» es «un término que no puede ser entendido en su acepción semántica» sino como lo indica el Código Penal, según expone la propia magistrada en la sentencia.

Gonzalo saltó el muro y se dirigió a «la zona donde había diferentes contenedores para almacenaje de diversa chatarra de hierro y maquinaria vieja, llevándose varios kilos». Convencido de su éxito, seis días después regresa al lugar, también a plena luz del día, a las 15.40 horas. «Volvió a saltar para coger hierro y chatarra», reza la resolución. Esa segunda visita basta para meterle de lleno en lo que se entiende como «delito continuado».

Los vigilantes de la empresa estaban ya ojo avizor. Habían registrado la anterior fechoría con las cámaras y esta vez advirtieron a una patrulla de la Guardia Civil. Le sorprenden «cuando trataba de escapar en posesión de un manómetro de presión». La empresa recupera el utensilio.

Pasará la noche en el calabozo y reconoce ambos asaltos. Luego, en el juzgado, dirá que en realidad él no fue el del primer robo, que no es el que sale en las imágenes grabadas. Nadie le cree y el abogado que lo representa solo puede negociar una rebaja. El fiscal proponía una pena de dos años y cuatro meses, pero se conforma con el mínimo que marca el Código Penal para este delito: dos años.

No es un periodo que implique el ingreso automático en prisión, algo que recordó su letrado al solicitar la suspensión de la pena. El fiscal en cambio informó en contra. ¿La razón? En agosto de 2011 Gonzalo había sido sorprendido en Avilés, conduciendo sin carnet, lo que le valió una condena de ocho meses de multa.

Cierto que ya la había saldado, y que la seguridad vial tiene poco que ver con el robo, pero hasta 2015 el Código Penal hacía tabla rasa: si el sujeto fue condenando, le constaba como antecedente a estos efectos. La reforma que entró en vigor hace casi tres años eliminó este automatismo y ahora se exige que el ilícito anterior tenga conexión con los hechos enjuiciados, explican los juristas consultados.

Con las normas actuales Montoya no habría entrado en la cárcel aquel 27 febrero, si bien la libertad no le habría durado mucho. Además del robo en Capsa, su currículum incluye tres asaltos más. El primero fue en 2011, una mañana en la que junto a su padre entra en un almacén de Renfe en Puente de los Fierros y se apoderaran de seis bastidores, valorados en 350 euros. Cinco horas después la Guardia Civil los pilló quemando uno de ellos; les caerá un año de cárcel a cada Montoya. En mayo de 2012, de noche, entra en un concesionario y trata de hacerse con un motor de grúa valorado en 8.445 euros. Los agentes le sorprenden con los alicates, cuando ya había creado daños tasados en 468 euros; el juez le castigará con dos meses de prisión que en el acto sustituye por trabajos en beneficio de la comunidad. En 2013 entra con un primo en GAM y hurta seis aparatos de aire acondicionado que la empresa tasó en 1.374 euros. La sentencia suma seis meses más de cárcel.

A sus 29 años, acumula cinco sentencias con un curioso patrón: nunca las recurre, siempre va con abogado de oficio y cuanto mayor es el bien que quería llevarse, menor la condena impuesta. Tres de las penas le han cargado con tres años y medio de privación de libertad. Es una pena que estaba cumpliendo, sin disponer de un solo permiso al haber acumulado faltas disciplinarias en el centro. De seguir así, tras recuperarse volvería a la prisión hasta su puesta en libertad, prevista para agosto.