Edificios con pasado de sangre

«El que hoy es el órgano de representación de todos los asturianos fue un lugar siniestro». Son palabras del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Tolivar. Pero pocos adjetivos más ajustados pueden atribuirse a los muros de un edificio que fue testigo de las atrocidades de la guerra. De las sentencias que cercenaban vidas sin atisbo de piedad. De las decisiones sin garantías que fallaban de manera inapelable miedo y dolor. Tolivar ha solicitado oficialmente la instalación de una placa que recuerde en el Parlamento regional a quienes tras la ruptura militar del cerco a Oviedo, el 19 de octubre de 1936, fueron víctimas de los consejos de guerra celebrados en el que por aquel entonces era el salón de actos del antiguo Palacio de la Diputación y hoy es la sede de la Junta General del Principado.

Entre ellos, su abuelo, el jurista, político y rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Alas Argüelles -hijo de Clarín-, quien fue juzgado el 21 de enero de 1937 y fusilado por tropas franquistas en menos de un mes. «En Oviedo, a 20 de febrero de 1937. El señor juez acordó consignar por medio de la presente diligencia que a las 18 horas del día de hoy ha tenido lugar la ejecución de la pena de muerte en la persona del reo Leopoldo Alas Argüelles, pasaron al condenado por las armas», acredita el secretario del juzgado militar. Esa tarde hubo más crímenes. El de Manuel Martínez, Braulio Álvarez, Alfredo Villeta y Francisco Vázquez. Y, después, muchas más tardes. También su tío abuelo, esta vez por parte de padre, Modesto Tolivar de la Vega, fue condenado el 16 de diciembre del 1937 y asesinado el día de Reyes de 1938.

Son solo dos de los cientos de fusilados a los que, según explica en su escrito a la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales de la Junta General, quiere brindar un recuerdo «austero, pero inequívoco». De manera especial, cree, debería tratarse el caso del gobernador civil republicano Isidro Liarte Lausín. «Hacía muy pocos días que había llegado a Asturias cuando fue condenado», explica Tolivar. Su nombre representa a todos aquellos que fueron condenados por respetar la legalidad republicana, en unos juicios sin garantías procesales, que la ley de la memoria histórica de 2007 declaró ilegítimos.

Busca, precisamente, restaurar la memoria de quienes murieron en los calabozos de la propia cárcel; a quienes se asesinó, más tarde, en la zona del cementerio de San Esteban de las Cruces; y a los que perecieron ante los muros del antiguo hospital, en las inmediaciones de la Plaza España de Oviedo.

Pero las muertes no se circunscribieron a la capital asturiana. A partir de noviembre de 1937, el Tribunal Militar número 1 inicia sus actuaciones en Gijón, que se convierte en su sede, mientras el Tribunal Militar número 3 continúa actuando en Oviedo. Aunque, con fines ejemplarizantes, en más de una ocasión se celebraron juicios en otras localidades asturianas. Las paredes del Antiguo Instituto Jovellanos fueron testigo del mismo terror que las de la Diputación Provincial. «Nunca me he fijado si allí hay algún recordatorio de aquellas masacres, pero debería haberlo», lamenta Tolivar. Un mínimo de 6.500 personas fueron juzgadas por el Tribunal número 1 (que además de en Gijón actuó en el campo de concentración de Camposancos, en Pontevedra). De ellas, al menos 2.123 fueron condenadas a muerte y 1.474 fueron finalmente fusiladas. Otras 553 murieron en la cárcel o fueron asesinados de manera 'no oficial'. En el salón de plenos del Ayuntamiento se celebraban los consejos de guerra para oficiales generales.

Todos los días, la prensa local publicaba el nombre y los apellidos de aquellos que al día siguiente se someterían a consejo de guerra en la región. Cada tribunal, en una sesión que no duraba más de una hora, juzgaba a unos diez presos de media -hombres y mujeres mezclados-. Marcelino Laruelo Roa, autor de 'La libertad es un bien muy preciado' (1999) y 'Muertes paralelas' (2004), explica que «hubo épocas en las que se celebraban tres consejos por la mañana y otros dos por la tarde, llegando a juzgar hasta a 50 personas diarias». Había procesos todos los días, salvo los sábados por la tarde y los domingos. Cada procedimiento partía «de la denuncia de un particular o de la Guardia Civil. Su máquina burocrática era increíble». Y desde que se fallaba la sentencia -que debía pasar por la Auditoría de Guerra y la Oficina Jurídica del Cuartel General del Generalísimo- hasta que llegaba el 'enterado' o el 'sobreseimiento' a la cárcel donde se encontraba el recluso en cuestión pasaban entre 30 y 40 días. En la mayoría de los casos «no había declaración de los testigos ni de los reclusos. Tenían un abogado defensor que se limitaba a pedir la pena inferior».

Los tribunales aplicaban la legislación con carácter retroactivo en casos de supuesta rebelión lo que, unido a la falta de garantías procesales, anula todos los juicios, en opinión de Tolivar y Laruelo Roa. Nadie entiende cómo a día de hoy el departamento jurídico del Ejército español no ha dado los pasos necesarios para invalidar estos procesos.

Con el final de la guerra civil y el paso de los primeros años de dictadura, las condenas a muerte fueron decreciendo en número, pero en 1938, una vez 'liberada' toda Asturias, aún funcionaban a máximo rendimiento. «La Justicia militar de Franco actuó como un cuerpo de combate más y mató a más gente de este modo que en el frente», resume Laruelo Roa.