El asturiano Álvaro Cuesta, entre los juristas elegidos para el CGPJ

Dos curtidos parlamentarios, el socialista Álvaro Cuesta y la convergente Mercé Pigem, figuran entre los ocho juristas elegidos ayer por el Congreso y el Senado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el pacto político alcanzado entre PP, PSOE, CiU, PNV, IU y UPN.

Los otros candidatos elegidos son los abogados Pilar Sepúlveda y Enrique Lucas, las secretarias judiciales Concepción Sáenz Rodríguez y María Ángeles Carmona, el catedrático Vicente Guilarte Gutiérrez y la abogada del Estado Nuria Díaz, informa Efe.

El exparlamentario socialista y abogado Álvaro Cuesta es el más conocido de todos ellos, por haber sido diputado desde 1982 a 2011 y haber ocupado cargos de responsabilidad en la ejecutiva socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Nacido en Oviedo, el 28 de junio de 1955, está casado y tiene tres hijos. Es licenciado en Derecho, especializado en Derecho Comunitario por el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá de Henares.

Entre 1972 y 1975 fue representante de los estudiantes en la Universidad de Oviedo. Ingresó en el PSOE en 1974 y tres años después integró ya su Comité Federal al tiempo que se incorporaba al Comité Regional de los socialistas asturianos.

Durante dos años 1978 y 1979 fue secretario de Agricultura en la preautonomía asturiana y luego fue asesor del equipo de la presidencia del Consejo Regional de Asturias.

En las elecciones generales de octubre de 1982 fue elegido diputado al Congreso por Asturias. En esta legislatura fue presidente de la comisión de Peticiones y vocal en las comisiones de Justicia e Interior y en la de Reforma de la Legislación de Arrendamientos Urbanos.

En la Cámara presidió distintas comisiones parlamentarias: fue secretario general adjunto del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz en las comisiones de Justicia e Interior y de Reglamento del Congreso.

Asimismo, participó en algunos foros en representación del Parlamento español, como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica.

En julio de 2000, fue elegido secretario de Ciudades y Política Municipal en la Ejecutiva socialista liderada por José Luis Rodríguez Zapatero en el 35 Congreso Federal.

Fue uno de los ponentes de distintos proyectos de ley como la ley de Enjuiciamiento Civil, ley de Responsabilidad Penal del Menor, Estatuto de Autonomía de Asturias, Código Penal, ley del Jurado, ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, o la reforma de la ley de Sociedades Anónimas.

Encabezó la candidatura del PSOE por Asturias al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 y en las de marzo 2008.

Un mes después, la dirección del PSOE acordó que Cuesta, responsable de Ciudades y Política Municipal socialista, asumiera también la secretaría de Relaciones Institucionales en sustitución de Javier Rojo, elegido presidente del Senado, que decidió abandonar la Ejecutiva para cumplir así con el principio de imparcialidad que propugnaba Rodríguez Zapatero.

Además, Cuesta fue vicecoordinador de la campaña socialista para las elecciones europeas del 13 de junio de 2004. En el 36 Congreso federal del PSOE celebrado en julio de 2004 fue elegido secretario de Libertades Públicas y Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, elegido por el 36 Congreso Federal de este partido en julio de 2004. Está condecorado con la Cruz de Honor (1985) y con la Cruz de San Raimundo de Peñafort (1996).

Un consejo más plural

PP y PSOE, tras dos meses de negociaciones, cerraron ayer por la noche el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial al que también se han incorporado CiU, PNV, IU y Unión del Pueblo Navarro. Todos los grupos destacaron que se tratará del consejo con mayor pluralidad política desde 2001.

Unión Progreso y Democracia, que volvió a denunciar la politización del máximo órgano de gobierno de los jueces por el reparto de puestos entre los grandes partidos, es la única formación nacional con representación parlamentaria que al final se quedó fuera del pacto.

El consejo que coordinará el trabajo de los tribunales e informará las leyes más importantes del Gobierno en el próximo quinquenio contará, pese a todo, con mayoría conservadora, ya que el PP propondrá a 10 de los 20 vocales del pleno y será determinante en la elección del presidente, un magistrado conservador del Tribunal Supremo bien visto por el Ministerio de Justicia.

Estos diez votos conservadores y el del presidente permitirán conformar mayorías suficientes para sacar adelante las decisiones claves del gobierno de los jueces, incluido el nombramiento de magistrados y de presidentes de Sala del Supremo, ya que la reforma legal aprobada la pasada primavera con el único apoyo del PP terminó con la exigencia de mayorías cualificadas para los cambios en la cúpula judicial. Ahora, cualquier decisión de la institución se puede aprobar con la mitad más uno de los sufragios.