Medio centenar de vecinos apoyan a un ganadero de Colunga cuyas vacas dan positivo en tuberculosis

Medio centenar de vecinos de la parroquia colunguesa de Gobiendes acudieron ayer a la gran finca de Los Pedregales para apoyar al ganadero Gaspar Costales, residente en Loroñe, que esperaba la llegada de dos veterinarios de Tragsa y dos agentes del Seprona con el fin de marcarle once vacas afectadas supuestamente por tuberculosis. Con anterioridad, 19 vacas propiedad de Costales habían sido sacrificadas en el matadero de Noreña pero los veterinarios del macelo dictaminaron que «carecían de tuberculosis y eran aptas para el consumo humano», según explicó el ganadero colungués. Costales denunciaba ayer que «en la Consejería de Agroganadería hay un enfoque negativo hacia mi explotación» y señalaba que «me tienen sobre ojo al haber apostado por criar en Colunga vacas de la raza tudanca». Los veterinarios de Tragsa y los agentes del Seprona acudieron al domicilio particular de Costales en Loroñe, «me metieron una notificación por debajo de la puerta», y no se personaron en la finca de Gobiendes en la que se encontraban las once vacas que tenían que marcar y donde les esperaban el ganadero y los vecinos que le arropaban.

La relación de las vacas de Costales con la tuberculosis bovina comenzaba en enero de 2013: «Tragsa, por teléfono, me comunicó que una vaca de mi propiedad, vendida un año antes, había dado positivo por tuberculina en un matadero de Canarias». Y matizó Costales que «antes de llegar a Canarias, esa vaca fue revendida tres veces por los tratantes a lo largo de 2012».

Tragsa se puso manos a la obra y «me inmovilizó la explotación», comentó el ganadero, que era propietario de una cabaña formada por 136 reses de las razas tudanca, valles, montaña y cruzadas. Se hicieron los controles de tuberculosis bovina mediante la prueba conocida como gamma-interferón y las primeras 19 vacas enfilaron camino al matadero de Noreña. Le pagaron el kilo de carne en canal a «un euro» y explica Costales que «al ser certificadas como aptas para el consumo humano deberían haberme pagado a 2,50 euros el kilo a la canal». A cambio de las 19 vacas «sólo me entregaron 2.920 euros», aseguró.

Costales, y con él muchos ganaderos, dudan de la efectividad de la prueba gamma-interferón porque convierte en positivos casos que «en realidad son falsos positivos». Quiere que a sus vacas se les aplique el tradicional sistema conocido como «paletilla», un método clásico que calibra en la piel la reacción del animal a la inoculación de Derivado Proteico Purificado (PPD) bovino. Lo que exige Costales es que «se anule el resultado de la prueba gamma-interferón» y el sacrificio de sus animales que hayan dado positivo. Y que los resultados se contrasten con otras pruebas complementarias que verifiquen la positividad de esos animales, «aunque sean pagadas de mi propio bolsillo». Y parece ser que «a eso se niega la Consejería».

El ganadero de Loroñe no está dispuesto a rendirse tan fácilmente. Ayer contrató a David Serrano, un veterinario lavianés independiente, «con el fin de que tase el valor de las vacas que me quieren sacrificar para tener argumentos en una futura reclamación judicial», matizó.

La esposa de Costales, Ana María Joglar Rodríguez, advirtió de que «a mi marido no lo van a achicar. A la Consejería le interesa vaciar las cuadras asturianas para recibir subvenciones que luego van a repartir en función de sus intereses». Y concluía manifestando que «estoy completamente segura de que si hubiéramos permitido el vaciado total de nuestra explotación no habrían aparecido más casos positivos entre nuestras vacas». Lo de ayer fue el principio de una larga batalla.