Caso abierto contra la familia de la Princesa

El miércoles el juez anunciaba el sobreseimiento del caso. Advertía en su decisión provisional que no veía indicios de delito en el comportamiento del padre, la tía y la abuela de la Princesa de Asturias, encausados tras una demanda presentada por la diseñadora de joyas Sandra Ruiz. Ahora es ésta la que pone voz al caso, presentando un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el fallo del juez para que la causa no quede cerrada, en primera instancia, «ni olvidada». Está convencida la joven diseñadora que reclama a Henar Ortíz una deuda de 22.600 euros, contraía hace cinco años, que «lo único que parecen pretender es que me canse de pelear y abandone, pero no pienso hacerlo».

Relata el recurso de la demandante que la tía de la princesa le «firmó por su trabajo una letra de cambio por el coste de la deuda, pero tal letra nunca fue cobrada», ya que Henar Ortiz se declaró insolvente, algo que, según la demandante «no es cierto», ya que, «a la muerte de su padre, se convirtió en heredera de una parte de la propiedad de Sardeu que habita Menchu Álvarez del Valle», su madre y abuela de la Princesa de Asturias. Recuerda Sandra que tal propiedad estaba tasada en 554.507 euros, pero que «a la muerte de José Luis Ortiz -su padre y abuelo de la princesa- se vuelve a efectuar una tasación que cifra el valor en 34.600. De esa cantidad Henar hereda lo correspondiente a 7.000 euros, al igual que su hermano, Jesús Ortiz -padre de doña Letizia- y ambos declaran que tienen una deuda contraída con su madre, Menchu Álvarez del Valle, que saldan con esa herencia, por lo que aseguran quedarse sin nada».

La historia que relata la demandante no acaba ahí, ya que, en sus palabras, «la abuela de la princesa solicitó un crédito de 400.000 euros» con el que Henar abonó, según ella, otras deudas contraídas, llegando a recibir, como consta en el recurso, una transferencia de 132.044 euros, con los que «podía haberme pagado, apremiada además por una sentencia judicial anterior». Ese argumento, advierte Sandra Ruiz, «había convencido al fiscal general de que había caso y, por tanto indicio de delito, pero ahora éste se echa atrás y no entendemos por qué».

Sandra Ruiz dice que «todas las pruebas están sobre la mesa y no querer verlas tiene que tener un significado que se nos escapa». Tampoco entienden «cómo llegó a los medios de comunicación antes la decisión de sobreseimiento provisional del juez que a las partes implicadas. Nos enteramos porque lo leímos en EL COMERCIO y eso dice también mucho de lo que está ocurriendo con este caso».

De momento, Sandra Ruiz y su abogado se mantienen firmes y aseguran que seguirán luchando, «cueste lo que cueste» porque consideran que hubo «ocultación de bienes con el fin de no abonar la deuda».