Un juez anula el aumento de la jornada a los funcionarios con dedicación especial

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de los de Oviedo ha declarado nula la decisión de ampliar de 37 horas y media a 40 horas la jornada laboral de los empleados del sector público que cuentan con dedicación especial acordada en junio de 2012 por el Principado. Se trata de trabajadores públicos que ostentan cargos de jefatura de cualquier rango o cuyo puesto precisa de una jornada más amplia.

La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por un miembro del colectivo Conceyu por otra Función Pública n'Asturies y considera que el Gobierno regional se extralimitó al trasladar al ámbito autonómico el incremento de horario decretado por el Ejecutivo central a través de los presupuestos del Estado de 2012.

La resolución judicial, contra la que cabe recurso de apelación, incide en que la normativa estatal «no marca más límite que el derivado del mínimo común denominador, que son las 37 horas y media», también para el caso del personal que desempeñase puestos de trabajo configurados como de dedicación especial y que ya tenían asignada esa jornada semanal, superior en dos horas y media a la del resto.

Así, la sentencia señala que la duración de la jornada especial no tiene por qué coincidir con las 40 horas semanales dado que lo que debía respetarse en cualquier caso era que ésta no fuese inferior a esas 37 horas y media semanales de trabajo efectivo.

De 37,5 a 40 horas semanales

«Elevarla a 40 horas por medio de una resolución que aprueba instrucciones es una adaptación exorbitante teniendo presente el balance normativo y quien la dictó», señala la resolución judicial.

Según la sentencia, dicha adecuación sólo debería haberse producido tras seguir los cauces procedimentales de reforma correspondientes «en donde incluso se podría haber adoptado hipotéticamente otro marco que no fuera el de las 40 horas», ya que la ley estatal no imponía ningún número de horas concreto. Para el Conceyu por otra Función Pública, la sentencia constata que la decisión del Principado de dictar unas instrucciones provisionales para dicho aumento de jornada fue precipitada y sin justificación, y fue tomada además por un órgano «manifiestamente incompetente para adoptar dicho acuerdo».