ANA MORIYÓN
Viernes, 16 de noviembre 2012, 09:14
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Los trabajos para la retirada de los purines acumulados durante más de 30 años en La Pesa de Pría procedentes de una granja de cerdos han vuelto a paralizarse, esta vez a instancia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, al no estar tratándose estos residuos debidamente por un gestor autorizado o no tener licencia municipal para desarrollar las tareas, entre otras cuestiones denunciadas ayer por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall). El colectivo vecinal ha advertido de esta situación a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica (que si bien había estado supervisando inicialmente estas tareas, ayer decidía paralizarlas), y ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, el mismo que a principios de año condenaba a la empresa de Productos Agropecuarios Parma a la limpieza de estos vertidos, pero no de cualquier manera.
Es la segunda ocasión en la que se ordena paralizar estos trabajos que deberían estar desarrollándose por parte de un gestor autorizado (en Asturias sólo existe Cogersa). Avall denunciaba ayer que la empresa no sólo no está cumpliendo este requisito sino que ni tan siquiera ha puesto en manos de Cogersa los residuos para llevar a cabo un tratamiento adecuado de los mismos que, sin embargo, están siendo depositados en otras fincas de Llanes y Ribadesella sin control alguno «para ahorrarse costes», pese a que se trata de material «altamente contaminante». «Llevan seis días sacando material al ritmo de unas 120.000 toneladas diarias que no sabemos a dónde van a parar, aunque nos han dicho que a Ribadesella y a la zona de Los Carriles», indica Domingo Goñi Tirapu, presidente de Avall. También le consta a este colectivo que estos días se ha estado echando tierra sobre parte de estos purines, «una operación que ya había sido prohibida expresamente por el Juzgado y volvemos otra vez a la misma situación dantesca del principio».
Además de la limpieza de los purines, el Juzgado de lo Penal ha condenado al encargado y al trabajador de la empresa a penas de prisión de 36 meses y 27 meses respectivamente, acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Familiares y amigos del encargado han recogido firmas para solicitar su indulto.
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