PEPE G.-PUMARINO
Viernes, 26 de octubre 2012, 05:12
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Una propuesta del gobierno local socialista, para proceder a la modificación urbanística puntual de una parcela situada en el casco urbano de Candás, centró ayer, una vez más, el debate plenario en Carreño. Los partidos de oposición CA-UN, UICA, Foro y PP, reprocharon al ejecutivo local la defensa de los intereses privados, dejando de un lado los generales en el Plan General de Ordenación (PGO).
La moción, que salió adelante con el respaldo del PSOE, PCPE, IU y UNA-BA, se amparó en un error apreciado en una parcela situada entre las calles de Botánico Valdés, Lloreda y Escultor Antón. La finca contaba con una antigua calificación urbanística que le permitía una mayor edificación a la que establece el actual PGO. Así, en el transcurso del debate, la representante de CA-UN, Merche García, admitió la necesidad de corregir el error, pero aprovechó la ocasión para criticar al gobierno de Ángel Riego por mostrar un mayor interés por una demanda de una propiedad privada que de algunos colectivos que residen en Perlora y Carrió.
Exigencia de responsabilidades
Este mismo argumento fue el expuesto por Foro y UICA, mientras que desde el PP se pidió al ejecutivo que exigiera responsabilidades a los autores de que la modificación no fuera recogida en el actual PGO. Así, su portavoz, José Ramón Fernández, acusó a los socialistas de no mantener una trato igualitario en los asuntos urbanísticos. Mientras, su homólogo del grupo independiente de UICA, Ramón Artime, fue más allá en sus apreciaciones añadiendo al debate una serie de actuaciones urbanísticas realizadas durante los diferentes mandatos del PSOE con el respaldo de IU y URAS en los que, en su opinión, primaron los intereses privados. Una práctica que calificó de muy peligrosa por las consecuencias que podrían acarrear al Ayuntamiento. Por esta razón, Artime, optó por ausentarse en la votación de la propuesta, en la que PP, Foro y Ca-UN se decidieron por la abstención.
Por su parte, la concejala socialista de Urbanismo, Cecilia Tascón, tras admitir la existencia de un error al no haber incluido la modificación en el PGO, explicó que la razón del cambio obedeció a una alegación formulada por la propiedad de la finca. En la misma, se exponía que ya en los anteriores planeamientos urbanísticos la parcela figuraba como sujeta a un estudio de detalle para acometer su edificación.
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Por tanto, insistió, la reclamación contaba con todos los derechos legales para que el Ayuntamiento respetase las condiciones urbanísticas. Sea como fuere, el PGO, pese a estar ya en vigor, enciende los debates en el pleno cada vez que sale a colación. La herida continúa sin cerrar.
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