Los herederos del marqués de Regueral aceptan el precio del conjunto de Olloniego

Un problema menos y una oportunidad más. La expropiación del conjunto medieval de Olloniego, iniciada en 1991, se acerca a su fin. Los propietarios mayoritarios, los herederos del marqués del Regueral, han decidido aquietarse a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, declarada firme el pasado 30 de noviembre, y cobrar (y repartirse) la parte que les corresponde de los 4,2 millones de euros depositados en 2010 por el Ayuntamiento ante el juzgado como precio de la expropiación.

Eso sí, el acuerdo se limita a las tasaciones de la torre de Muñiz y el palacio con su capilla aneja, por las que los herederos del marqués se repartirán los 1,2 millones de euros, más el 5% de premio de afección, en que fueron valorados por la comisión pericial encargada de determinar el justiprecio del conjunto.

La decisión de los herederos no pone punto final al pleito iniciado hace 17 años. Hay aún un litigio sobre el precio de los terrenos, el puente y una parte de los intereses, en el que interviene otro expropiado -Construcciones Anta- y que está aún pendiente de sustanciarse. En cambio, libera las manos municipales para poder actuar sobre el conjunto, declarado Bien de Interés Cultural hace dos lustros y en un precario estado de conservación.

También, limita daños. No es lo mismo pleitear por bienes valorados todos en 4,2 millones de euros, que solo por una parte de ellos que la comisión de expertos dejó en 1,3 millones de euros, más los 1,6 de la parte de Construcciones Anta.

20 años de litigio

La decisión de expropiar el conjunto medieval de Olloniego se tomó, un poco a la ligera, en 1991. Cinco años más tarde, con una primera tasación en 6,6 millones de euros, el Ayuntamiento quiso dar marcha atrás y anular el expediente expropiatorio, pero la propiedad recurrió.

El proceso entró en una larga serie de pleitos, cerrados con una sentencia salomónica del Tribunal Supremo en 2003. El órgano judicial concluía, para satisfacción de los propietarios, que el Ayuntamiento no podía frenar el proceso iniciado; y para alegría de las Consistoriales, anulaba a su vez el precio.

Razonaba el Supremo que «la argumentación municipal más parece un intento de eludir el pago de un justiprecio, que puede parecer excesivo, que una razón justificadamente fundada en la preservación del interés público y el bien común». Si el justiprecio era o no excesivo fue baladí para el tribunal. Anuló la tasación por un defecto de forma. La comisión que valoró el conjunto estaba formada por cuatro miembros, en vez de por tres, como era preceptivo según la legislación.

Tras la sentencia, el Ayuntamiento intentó demorar todo lo posible la constitución de la comisión, retrasando el nombramiento de su representante, hasta que finalmente se vio obligado por otra sentencia judicial. El órgano se constituyó en 2008, con tres miembros, y, tomando como base los trabajos anteriores, fijó un justiprecio de 4,2 millones de euros, menor pero al que los expropiados reclamaban añadir otros 4,5 en intereses.

El precio no dejó satisfechos a los expropiados, los intereses al Ayuntamiento. Los primeros pidieron una retasación; frenada 'in extremis' en 2010 con la consignación del dinero pedido en préstamo extraordinario a los bancos. Hubo nuevos pleitos, hasta que el TSJA dictaminó el verano pasado que el Ayuntamiento no debía pagar los intereses, que no era culpa suya la demora debida a la mala composición de la primera comisión.

A esa sentencia se aquietan ahora los herederos del marqués. Mientras se mantiene el pleito por los terrenos que rodean al puente medieval y la parte de los solares que vendieron a Construcciones Anta (Cerobi S. L.).