Los guardias civiles admiten que ponen la mitad de multas por la huelga de 'bolis caídos'

Con nombres y apellidos. Con datos oficiales. Los guardias civiles asturianos dan la cara y admiten que, desde el pasado mes de mayo, imponen la mitad de multas de tráfico. Como en el resto del país, secundan una huelga de 'bolis caídos' «que no ha sido convocada por nadie, porque sería ilegal dentro de un cuerpo militar, pero que se ha extendido ante la desmotivación a la que nos someten», acusa Ramón Rodríguez, de la Unión de Guardias Civiles (UGC-Asturias).

Según sus registros, algunos destacamentos de la región impulsan este verano «entre un 60 y 70% menos» de sanciones. Más precisas son las estadísticas que maneja la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que revelan cómo la protesta se hace más fuerte cada mes: en mayo de este año se despacharon un 38% menos de sanciones que durante el mismo mes de 2009; en junio ese diferencial aumentó al 62,3%. «Son números oficiales, que provienen de la propia Dirección Provincial de Tráfico porque en Madrid están nerviosos y los piden cada semana», asegura Alberto García Llana, presidente del colectivo. Matiza, sin embargo, que el informe de julio «lo están ocultando un poco, pero tras hacer una ronda entre los compañeros, nuestras estimaciones apuntan a que el mes se cerró con 2.044 multas, frente a las 6.194 del pasado año». De confirmarse el descenso, supondría que ahora en Asturias se tramita un 77% menos de sanciones.

La protesta tiene consecuencias directas sobre las arcas públicas. En toda España, las agrupaciones profesionales cifran en 150.000 las denuncias que, bajo otro clima laboral, sí habrían sido tramitadas, un volumen que reportaría a Tráfico «del orden de 30 millones de euros». En lugar de imponer semejante castigo entre los conductores, «lo que estamos haciendo es acogernos a la labor pedagógica que nos reconoce la Ley de Seguridad Vial», coinciden Rodríguez y García Llana. Según su descripción, este verano, cuando los agentes detectan una infracción leve, dan el alto al automovilista, le recriminan su actitud e informan de la multa a la que se expone; después le dan permiso para marcharse no sin antes advertirle de que «la próxima vez no tendrá tanta suerte».

Esta política de 'mano blanda' tiene soliviantado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ya ha reclamado que «la Guardia Civil tiene que cumplir las leyes y cuando un ciudadano se salta un stop, le tiene que multar. No basta con decirle que eso no se hace».

Los uniformados asturianos, por su parte, se remiten a las cifras de accidentabilidad que el lunes ofreció el delegado del Gobierno, Antonio Trevín: desde enero, van 39 muertos en las carreteras de la región, frente a los 31 del año pasado. «Algunos, desde la Dirección General de Tráfico, han intentado insinuar que la protesta de 'bolis caídos' está aumentando la siniestralidad, pero la realidad demuestra que eso no es verdad», apunta García Llana. La clave, dice la UGC, es que los agentes han relajado la presión, pero sólo ante quienes cometen una infracción leve. «Cuando el agente ve a un conductor peligroso, conoce su misión y ahí no hay huelga de 'bolis caídos' que valga», abundan.

Pero, ¿qué ha motivado esta rebelión silenciosa de los agentes de Tráfico? Sus representantes apuntan a un «cúmulo de circunstancias», entre las que no ocultan el recorte salarial que el Gobierno les practicó, dentro de su plan de ajuste presupuestario. «Nunca tuvimos las ventajas de los funcionarios, pero ahora sí se acuerdan de nosotros», lamenta la UGC.

Además, recuerdan que el PSOE prometió equipar sus condiciones a las del resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. «Nuestras jornadas ahora son excesivas, cada mes hacemos 22 horas más que un Policía Nacional», apunta la AUGC. El desánimo aumentó el pasado 27 de abril, al recibir una circular de la Agrupación de Tráfico llamando al ahorro. «Nos limitan el uso de todoterrenos, motos y hasta de las boquillas para las alcoholemias. Nos piden que las gastemos sólo ante quien tenga síntomas evidentes de embriaguez», señala Rodríguez. «Al final parece que lo que quieren es convertirnos en un cuerpo de recaudación del Estado», abundan.