El final de El Llano chabolista

El PERI de El Llano es la mayor operación de cirugía urbana llevada a cabo en Gijón hasta la fecha. En 2010 se cumplen ya 20 años del inicio de los derribos de las edificaciones preexistentes que subsistían en condiciones urbanísticas tercermundistas en un ámbito muy cercano al centro de la ciudad.

La depauperada área tenía una superficie de unas 6,5 hectáreas y residían allí unas 400 personas. Unas 60 familias fueron realojadas y también se llevó a cabo el realojo de algunas empresas y talleres allí instalados.

La transformación fue total. Se pasó de una zona con altísimo nivel de degradación a una trama urbana moderna con todos los servicios necesarios. Se optó por el trazado de una gran avenida (hoy avenida de El Llano), con una plaza principal, y en torno a ellas se dispusieron edificios de viviendas y un gran equipamiento comercial dinamizador del nuevo barrio.

Esta actuación supuso también un hito jurídico. El área comercial de El Llano representó la gran novedad en España de ubicar en subsuelo -público y privado- una gran superficie comercial. Para ello fue preciso articular una compleja fórmula jurídica basada en el derecho real de subedificación, que constituyó a partir de entonces un recurso importante para el urbanismo a nivel nacional. El equipamiento comercial se cerró finalmente con Grupo Mall tras arduas negociaciones para abrir un Pryca.

El éxito del plan de reforma interior fue total y reconocido por todos. La adquisición de terrenos y de preexistencias se culminó con casi el 100% de mutuos acuerdos (sólo un propietario no se avino a negociar) y se recuperó una amplia zona sin urbanizar y poblada de infravivienda, chabolas y talleres junto al paseo de Begoña.

La operación urbanística fue impulsada en los años ochenta por el entonces alcalde de Gijón, Vicente Álvarez Areces, quien consideró que Sogepsa -presidida actualmente por Francisco González Buendía- era la herramienta adecuada para sacar adelante una operación de una enorme complejidad técnica y financiera que acabó costando 29,4 millones de euros. El número de nuevas viviendas generadas con la rehabilitación y el desarrollo de los terrenos resultantes fue de 800.

Muchas personas trabajaron incansablemente para que la empresa llegase a buen término. En Sogepsa hay que destacar al recientemente fallecido Agustín Muñiz, a Apolinar Rodríguez, a Alfredo Iñarrea y al jurista Rafael González del Santo. Y por parte del Principado fue clave la colaboración del por entonces consejero de Vivienda, Felipe Fernández, y su segundo, Juan Ramón García Secades.

En noviembre de 1990 comenzaron los derribos de las edificaciones preexistentes a cargo de la empresa Lugaru y también ese año fue aprobado definitivamente el plan especial, que se gestó dentro del PGOU de Rañada de 1986. Posteriormente se adjudicaron las obras de urbanización a Agromán y éstas comenzaron en 1991. En 1993 culminaron los remates de la operación que hizo desaparecer aquel erial inhóspito por el que muy pocos gijoneses se atrevían a pasar.