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El litigio fiscal en el que está inmerso Santos Laguna podría llevar a Alejandro Irarragorri, líder de Orlegi y presidente del consejo del Real Sporting de Gijón ... , a tener que presentarse ya en México. La semana pasada hubo una comparecencia telemática del empresario mexicano, que se encuentra afincado en Estados Unidos, y la fiscalía solicitó una nueva presencial para esta semana.
Esta no llegó a producirse porque el empresario mexicano no se presentó, debido a que sus asesores legales entendían que la citación no se ajustaba a derecho. A partir de ahí, los responsables judiciales del caso valoran emitir una orden para que Irarragorri se presente ya en México para esa comparecencia, lo que podría suscitar una gran expectación mediática. Según fuentes consultadas, en las últimas horas no había una comunicación oficial de esto, pero tampoco se descartaba su llegada.
Fuentes consultadas del Grupo Orlegi quisieron subrayar en las últimas horas, como se ha venido sosteniendo desde hace meses, que este caso, que se refiere a una declaración fiscal del ejercicio de 2017, afecta a Santos Laguna como entidad, no a Alejandro Irarragorri, quien «no estaría» ni vinculado ni imputado como persona física. Ni sería culpable de nada, apelando a la presunción de inocencia. Tampoco el Sporting estaría afectado por esta investigación por un presunto fraude fiscal de unos 911.000 euros por una discrepancia en la forma de tributar unas primas, correspondientes a una parte del salario de jugadores del Santos Laguna entre enero y julio de 2017, y por la que las dos partes llevan litigando desde hace tiempo.
El club de Torreón emitió en los últimos meses un comunicado explicando su visión de este asunto, que «se refiere a la declaración fiscal del Santos» -matizaba en mayo del año pasado-, «consecuencia de una divergencia en la interpretación de la norma que debe dirimirse en tribunales administrativos y no penales». También alertaba de que «una cuestión de interpretación se quiera hacer parecer a un tema penal en contra del club o sus representantes, con fines exclusivamente intimidatorios y violatorios del principio de presunción de inocencia».
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