Víctimas de sumisión química urgen aprobar la ley del 'solo sí es sí'

Hace unos meses, unos vecinos de la Costa Sol la invitaron a su casa a comer. Lo que ignoraba es que eran unos depredadores. Tras tres horas inconsciente, fue recordando, poco a poco, con un goteo de imágenes fragmentadas y difusas, que había sido víctima de una agresión sexual por parte de sus anfitriones. «Me drogaron hasta dejarme inconsciente para abusar de mí», recuerda. Más tarde supo que en su cuerpo había restos de barbitúricos y cocaína, sustancias que no ha probado en su vida. Era víctima de una sumisión química.

«Pero lo peor vino después», rememora Gloria. Primero, desatención. Hasta el punto de que tuvo que pagarse ella misma los análisis. Después, injusticia. Puso una denuncia con las pruebas que buenamente pudo recabar y se gastó 3.000 euros en ayuda profesional para que un juez de Estepona archivase el caso. Este tipo de agresiones sexuales son normalmente complejas de probar, por la ausencia habitual de testigos de cargo y de recuerdos nítidos, pero también por la deficiente recogida de las escasas pruebas materiales que hay y la falta de firmeza de las leyes para castigarlas.

Desde entonces, Gloria está en terapia -porque «me han robado mi felicidad y la ilusión por la vida»-, pero se ha hecho una promesa: «¡Tenemos que parar esto!». Acabar con la impunidad de unas agresiones sexuales o unas violaciones conseguidas emborrachando o narcotizando a la víctima. No son algo aislado, suman casi una tercera parte del total, y van en aumento. En 2020, en un solo año, se duplicaron. «¿Quién sabe -se pregunta- si mis agresores lo siguen haciendo tras comprobar que el sistema judicial no los castiga?».

Hoy llevó sus demandas, respaldadas ya por 125.000 ciudadanos a través de la protesta que inició en la web change.org, al Ministerio de Igualdad, a donde fue invitada por su titular, Irene Montero. Gloria y los profesionales que la apoyan reclamaron que la sumisión química se castigue como lo que es, una agresión sexual, y que los poderes públicos pongan en marcha y financien adecuadamente y a la máxima urgencia un protocolo específico para atender y recoger las pruebas de las víctimas, que coordine el trabajo de sanitarios, jueces y fiscales y garantice que no hay desatención ni abandono.

La responsable de Igualdad les explicó que para satisfacer sus demandas casi bastaría con que se aprobase la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como de 'solo sí es sí', que sigue embarrancada en el Congreso en fase de enmiendas, y que incluye todas las acciones que reclaman.

La norma cuenta la sumisión química entre las agresiones sexuales y, de hecho, considera el uso de drogas o narcóticos como una agravante en los delitos contra la libertad sexual, que le suma por sí sola a la pena básica entre dos y tres años más de cárcel. Solo con está agravante la agresión con narcóticos se pagaría con un mínimo de seis años de prisión y con el mínimo de 7 y 12 años de encierro si lo que hubo fue una violación.

Pero esta ley también asegura otras dos mejoras importantes. Obliga a la formación específica en violencia sexual de los policías, jueces y fiscales que vayan a intervenir en estas denuncias y al establecimiento de protocolos detallados y coordinados para los exámenes forenses y la recogida de pruebas. Y, en segundo lugar, crea los llamados centros de crisis, de los que habrá al menos uno por provincia. Durante las 24 horas del día, los 365 días del año, ofrecerán atención y acompañamiento urgente a las víctimas y asesoramiento para la asistencia jurídica gratuita, las ayudas psicológicas, sociales, económicas, laborales y habitaciones que puedan precisar, y para que ejerzan su derecho a la reparación. El Gobierno ya tiene aprobada una inversión de 66 millones para poner en pie estos centros de 24 horas, que hoy solo existen en Madrid y Asturias, en todas la autonomías.