Víctimas de la pederastia clerical se descuelgan de la comisión del Defensor del Pueblo

La entidad, que pretende ser un grupo de presión antes que una asociación de víctimas, apuesta por una formula más ambiciosa y aspira a que se cree una comisión de la verdad que investigue de forma independiente las agresiones sexuales de religiosos a la infancia en el territorio de Cataluña.

Los activistas denuncian que, en 2019, la jerarquía eclesiástica no quiso participar en las indagaciones impulsadas por el Síndic de Greuges de Cataluña. «Nos bajamos del tren» de la comisión dirigida por Defensor del Pueblo», sentenció Miguel Hurtado, víctima de abusos durante su adolescencia, cuando formaba parte del grupo de 'scouts' de la abadía de Montserrat. Tolerancia 0 aboga por un modelo que se llevó a cabo en Australia, es decir, una comisión dotada de poderes extraordinarios. «No solo queremos saber cuántas manzanas podridas hay, sino si el barril entero ha estado podrido», apostilló Hurtado.

Hurtado propugnó que, ante la negativa del Congreso a aprobar una comisión con poderes extraordinarios, la Generalitat asuma el compromiso de crear este organismo, cuyo ámbito de actuación debe limitarse a Cataluña. «No es que pretendamos boicotear la comisión del Defensor del Pueblo, es que pensamos que no es la opción adecuada. Hemos reiterado al PSOE que nos proporcione el informe jurídico técnico del que parte su propuesta y no lo hemos conseguido. No nos convencen ni las formas ni el fondo, así que éticamente no podemos cooperar», arguyó Miguel Hurtado.

En el caso de que se apruebe la iniciativa de alumbrar una comisión catalana, sería preciso modificar el artículo 502 del Código Penal, con lo que la propuesta de ley de iniciativa autonómica debería volver al Congreso de los Diputados, para su toma en consideración.

Un informe jurídico, elaborado por Miguel Hurtado, prevé un calendario –no superior a tres años–, un presupuesto de 17 millones de euros anuales y una primera propuesta de expertos. Propone audiencias privadas y confidenciales para las víctimas, audiencias públicas para casos concretos y de alcance, como el de Maristas o el de La Salle, y la investigación de archivos canónicos.

Una amplia mayoría del Congreso de los Diputados aprobó el 10 de marzo encargar al Defensor la creación de una comisión de expertos que investigue los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y personas vinculadas a la Iglesia en toda España. Vox fue la única fuerza que evitó respaldar la iniciativa.