El Vaticano reforma sus pensiones

Con esta misiva Jorge Mario Bergoglio se decide por fin a afrontar un problema conocido desde hace años y que se enmarca dentro de la delicada situación financiera de la Santa Sede. De hecho, hace un par de meses envió otra carta a los miembros del Colegio Cardenalicio en la que mostraba su preocupación por la «sostenibilidad económica» vaticana, lo que le llevó a bajar un 10% el sueldo de los purpurados. Antes ya les había retirado algunas prebendas, como contar con amplísimas viviendas junto a la basílica de San Pedro con alquileres simbólicos. Francisco quiere alcanzar «un déficit cero», un objetivo que hoy por hoy es imposible ya que el desequilibrio de las cuentas vaticanas en 2023 alcanzó los 83 millones de euros, según el diario 'La Repubblica'.

El prefecto de la Secretaría para la Economía, el español Maximino Caballero, reconoció hace un año en una conferencia que la Santa Sede «siempre ha tenido un déficit estructural de entre 50 y 60 millones de euros al año». Pese a la reorganización y los recortes implementados durante los últimos ejercicios, esa cifra se ha ido agravando debido a la caída de las donaciones, la inflación y algunas operaciones financieras ruinosas, como la compra de un edificio en un lujoso barrio londinense que propició el proceso al cardenal Angelo Becciu. Pesan también en las cuentas el pago de las pensiones y prestaciones médicas a los extrabajadores, cuyo número está destinado a aumentar en los próximos años debido a su elevada edad media. Francisco, de hecho, señala en su carta que existe la «responsabilidad moral» de ofrecer «prestaciones dignas a quienes tienen derecho a ellas», pero precisa que deben ser «compatibles» con los recursos económicos, cada vez más escasos.

La Asociación de Trabajadores Laicos del Vaticano reaccionó a la misiva del Papa con una nota en la que denunció que no se ha hecho pública la situación financiera detallada del fondo de pensiones y recordando, además, que a los asalariados ya se les ha «apretado el cinturón» en los últimos años. Entre los recortes destaca la eliminación de los incentivos por bienios, las limitaciones de horas extras y la falta de aumentos para compensar la inflación. Perderían así hasta unos 20.000 euros al final de la carrera profesional.