Los últimos errores en la inseminación artificial despiertan recelos

Las dos «fecundaciones in vitro erróneas» han sido confirmadas por las autoridades sanitarias, que «se han puesto a comprobar todas (las inseminaciones artificiales), al enterarse del error cometido», dice una fuente. Al menos uno de los padres ha procedido a demandar, al comprobar -primero al cotejar la incompatibilidad de los grupos sanguíneos y luego con pruebas de paternidad- que no fueron sus espermatozoides los que fecundaron el óvulo materno, y por tanto no tiene nexo genético alguno con el hijo.

«Pensamos que puede haber un fallo en el protocolo, que debe corregirse de inmediato porque podría no ser un caso puntual», alerta Ignacio Martínez, abogado de los demandantes. «En estos días habrá muchos padres que estén viendo el grupo sanguíneo de sus hijos. Puede haber una onda expansiva».

Se refiere Martínez a lo que sucedió a la familia que representa. Ante el poco parecido del hijo con el padre, un amigo les dijo que cotejando el tipo de sangre se podía descartar o acentuar la sospecha, relata el abogado, que es miembro del Defensor del Paciente. Resultó lo segundo. El hijo tenía un grupo que no respondía a la ecuación de sus padres. Luego vino una prueba de paternidad para confirmar la noticia. La parte materna, sin embargo, sí era de ella.

En un proceso de inseminación in vitro, se extraen los óvulos y los espermatozoides de los donantes, con frecuencia parejas consolidadas que quieren formar una familia; se fecundan los óvulos en el laboratorio, se hace una selección embrionaria de los mejores y se dejan dentro del útero. En condiciones controladas, estos pasos intermedios entre la extracción y la implantación tiene una supervisión que busca minimizar los errores humanos con sistemas digitales que identifican las muestras.

«Desde que entra una paciente lleva asignado un código QR en el que las muestras suyas y de su pareja quedan identificadas», explica Esther Angulo, ginecóloga de IMQ. «Si los pacientes muestran miedo a que nos confundamos y no utilicemos sus espermatozoides, explicamos nuestros procesos de trazabilidad y cómo sus muestras están seguras».

Aun con las medidas de seguridad implantadas, no es la primera vez que pasa en España, aunque tampoco es frecuente. El antecedente más próximo sucedió en 2016 en Canarias y llegó a los tribunales, a partir de un juicio por la separación de la pareja que derivó en un proceso contra la clínica de inseminación, el Instituto Canario de Infertilidad (ICI). Aquel caso de dos gemelos, ahora de 15 años, de una pareja que entonces tenían 31 y 43 años, llegó al Supremo. En la sentencia pueden estar las claves de lo que ha pasado esta vez.

Ella se sometió a la punción ovárica porque él tenía una vasectomía y se hizo una transferencia de embriones. En ese proceso hay «servicios» como «transporte, custodia, conservación, identificación y selección de material reproductivo» en las que se podría haber producido el «error», dice la ponencia. No así en los procedimientos médicos, como la «biopsia testicular, la punción ovárica, la inyección espermática de fecundación de los ovocitos y la transferencia de embriones».

No hubo, determina el juzgado, «exhaustividad en los controles de trazabilidad de las muestras, no solo del material reproductivo del varón, sino en general de todo el material reproductivo».

Estos extraños casos de errores en la inseminación artificial han sucedido también en Países Bajos, donde al menos 26 mujeres fueron fecundadas por un padre no deseado en el Centro Médico Universitario de Ultrect. La muestra era del mismo individuo, aunque nunca se aclaró si era un donante anónimo o un paciente. Sucedió hace seis años y se atribuyó a un error humano, que se impuso a los sistemas de codificación.

También sucedió hace algo más de un año en el Centro de Salud Reproductiva de California, en Estados Unidos. A la pareja norteamericana le pasó lo mismo que a la española de esta semana. La hija no se parecía a ellos. Tenía la tez morena y el cabello negro. Hicieron una prueba de ADN y ratificaron sus temores. Al alertar a la clínica, la respuesta fue que el embrión correcto había sido gestado por otra pareja. Intercambiaron bebés. Los afectados demandaron por daños morales.

En el caso español, se desconoce todavía el alcance que puede tener. «No recomiendo que los pacientes se hagan pruebas genéticas», dice Angulo. «No, porque la probabilidad de error es ínfima». Sin embargo, las familias reclaman una investigación. «Hay que determinar si el fallo ha sido en serie o puntual», exige Martínez. «Si ha sido en serie, ¿tiene el servicio sanitario que actuar de oficio y llamar a los afectados? Deberían hacerlo por ley. Pero qué harán. Podrían arruinar a familias bien estructuradas». Para reparar los daños pide un millón de euros. En el caso canario, superó los 300.000 euros.