Esa sentencia que nunca llega...

A nadie se le escapa que, aunque hablemos de la Administración de Justicia, este sistema muy justo no parece. Tan es así, que es hasta difícil de creer, lo que genera desconfianza en los ciudadanos, algunos de los cuales puestos a buscar un culpable culpan a quien tienen más a mano, que no es otro que su abogado, que tendrá que explicar, si es que no lo ha advertido antes a su cliente, que el Juzgado va muy lento y que toca esperar.

Afortunadamente saber si un abogado hizo sus tareas a tiempo es fácil de comprobar, porque queda constancia de día y hora de presentación de cada documento y de si comparece o no en una vista oral. Igualmente resulta fácil comprobar que el Juzgado se retrasa. Lo que es difícil es explicarlo a quien espera con urgencia la solución a sus problemas y necesita respuestas.

¿Por qué los Juzgados van tan despacio? Pues resulta que hay muy pocos funcionarios de Justicia en comparación con el número de procedimientos que tienen que resolver y esto sería así incluso aunque todos y cada uno de los funcionarios trabajasen a máxima productividad durante todo su horario de trabajo, lo que tampoco siempre sucede, a decir verdad. También se intenta explicar, en los últimos tiempos, por la acumulación de trabajo que se produjo en los Juzgados como consecuencia de la pandemia y por un progresivo aumento de los procedimientos judiciales.

¿Y cómo solucionar este problema? La respuesta más obvia es que se pueden acortar los tiempos dotando a los Juzgados de suficiente personal, lo que implica destinar a este fin ingentes cantidades de dinero.

Como no es fácil aumentar los fondos, también se pueden intentar simplificar algunos procedimientos y así se ha ido haciendo en diferentes reformas, que sobre el papel son buenas noticias, pero que finalmente no logran el objetivo que persiguen cuando los asuntos siguen atascados.

En el año 2012 al Parlamento se le ocurrió hacer pagar una tasa al ciudadano cada vez que quisiera hacer uso de la Justicia, lo que obviamente hacía que se le quitasen las ganas de reclamar a cualquiera, más cuanto más alta fuera la tasa. Es cierto que al pagar una tasa se consigue sí o sí uno de estos dos efectos en quien necesita acudir a un Tribunal: o no puede soportar el gasto y desiste, con lo que disminuye la litigiosidad, o tiene que pagar para reclamar, con lo que se incrementa el dinero que pudiera destinarse a dotar a los Juzgados de más personal. Pero el Tribunal Constitucional entendió, como no podía ser de otro modo, que esta medida estaba vulnerando el derecho a acceder a la justicia, no porque no se pudieran establecer tasas, sino porque han de ser proporcionadas y su función no puede ser disuadir a los ciudadanos de sus derechos constitucionalmente garantizados.

También se ha intentado reducir la litigiosidad a través de mecanismos como la mediación, sin demasiado éxito en lo que tiene que ver con mejorar la demora existente.

Y así, como siempre sucede con las cosas a las que nos exponemos durante demasiado tiempo, sobre todo cuando las vemos como espectadores, nos vamos acostumbrando. Pero imaginemos solo por un momento algunos ejemplos en los que cualquier ciudadano puede llegar a encontrarse:

- Esperar años para conseguir la custodia o visitas de un menor que para cuando hay sentencia ha perdido el vínculo con el progenitor que lo solicita.

- Conseguir desalojar a un ocupa que no ha sido pillado in fraganti en las primeras horas y no saldrá de tu vivienda hasta que meses o años después recuperes destrozada.

- Lograr el reparto de una herencia, paso previo a tomar posesión de la misma, mientras puedes estar años pasando necesidades económicas.

- Conseguir una sentencia condenatoria contra alguien que sigue en la calle muy probablemente cometiendo nuevas fechorías.

- Reclamar una indemnización a tu empresa, teniendo que esperar demasiado tiempo para cobrarla.

Es precisamente este último ejemplo el que dio lugar a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de 10 de octubre de 2022: Un profesor reclamaba ante el Juzgado de lo Social de Sevilla porque la Universidad se había negado a celebrar con él un contrato postdoctoral, razón por la cual el profesor solicitaba el pago de una indemnización. El Juzgado señaló el día del juicio para tres años y casi cinco meses después de la presentación de la demanda. Se interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, entendiendo el alto tribunal que el lapso temporal es excesivo porque supera los tiempos medios de resolución de este tipo de procedimientos en España y que se vulnera la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, no pudiendo justificarse la demora por motivos estructurales o por sobrecarga de trabajo del órgano judicial, ya que el ciudadano es ajeno a tal circunstancia.

Es una noticia positiva, qué duda cabe, pero muy descafeinada. El tiempo medio de resolución de un asunto equivalente en los Juzgados de España se situaba en 2021 en 14,5 meses según la estadística del CGPJ. Si el señalamiento hubiera estado dentro de esa media ¿Hubiera sido igual el fallo? Seguramente no, porque la fundamentación de esta Sentencia parte del hecho de que el litigio carecía de especial complejidad y el tiempo de espera estaba muy por encima de la media. De lo que se deduce que, si te toca esperar catorce meses y medio en una reclamación laboral, de momento tienes que aguantarte porque es lo normal en nuestro país.

¿Hay solución? Hay solución, aunque seguramente no es fácil, pero con medios y voluntad se puede conseguir. Lo que no hay es suficiente interés. La Justicia es esencial pero, hay tantas otras cosas que también lo son, que no es mas que otra de las muchas cuestiones a tratar en nuestro país. Quisiera ser optimista con este asunto, pero no es fácil siendo abogada. Intento al menos tener esperanza, que puestos a esperar es lo que toca.